Magdalena

Gobernación del Magdalena debe acelerar proceso de contratación del PAE: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación instó a la Gobernación de Magdalena a avanzar con celeridad y eficiencia en el proceso de selección abreviada para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), pues en lo corrido del calendario escolar 2022 no se ha prestado este servicio a los más de 140.000 mil estudiantes de los 28 municipios no certificados del departamento.
Este nuevo requerimiento se suma al elevado en días pasados por el Ministerio Público al presidente del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Caribe, organismo que atendiendo el llamado de la Procuraduría sesionará el martes 24 de mayo para definir el ejecutor del PAE en Magdalena.
Durante el Comité Regional de Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar, el ente de control solicitó a las autoridades departamentales aclarar el monto de los recursos solicitados al OCAD Regional Caribe, al igual que los previstos en la selección abreviada, junto con el número total de beneficiarios, días del calendario escolar que serán cubiertos bajo estas modalidades, y el plan de ejecución de los recursos que superan los 113.000 millones de pesos.
El ente de control insistió en dicha aclaración dado que tanto el proceso de contratación como el proyecto inscrito en el OCAD fueron previstos para prestar el servicio en la vigencia 2022, y ya han pasado cinco meses sin avances al respecto.
Así mismo, el ente de control solicitó a la gobernación verificar los requisitos señalados en los procesos contractuales, ya que presuntamente han impedido la presentación de oferentes y derivado en la declaratoria de desierto.
De otra parte, solicitó efectuar los ajustes necesarios al proyecto presentado ante el OCAD, con el fin de mitigar el potencial riesgo asociado a la liberación automática de los recursos.
Estas observaciones se realizan en virtud de la función preventiva que despliega la Procuraduría General de la Nación, que tiene el deber funcional de
anticiparse y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten derechos, en especial los derechos constitucionales a la educación y a la alimentación equilibrada de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del país.

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