CiénagaMagdalena

Gobernación avanza en acciones jurídicas para evitar el robo de la salud de los magdalenenses

En comunicado de prensa la Gobernación del Magdalena informa que al responderle la tutela al Juez Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, Pedro Miguel Vicioso Cogollo, le resalta “la conducta omisiva y la posibilidad de ser denunciado penalmente y disciplinariamente” si mantiene la medida cautelar que emitió prohibiéndole al Gobernador Carlos Caicedo Omar, nombrar o encargar gerente en el Hospital San Cristóbal de Ciénaga.

Manifiesta la Gobernación que en la respuesta al Juez de tutela también se le resalta que mantener esa medida temporal “en últimas solo afecta la salud de los magdalenenses en medio de la pandemia de Covid-19”.

Ver: Juez prohíbe al Gobernador nombrar gerente en el Hospital San Cristóbal de Ciénaga

De igual manera informa el comunicado, que la Gobernación en su respuesta  a la tutela también conminó al administrador de justicia  “a que se tomen las mejores decisiones en beneficio del Hospital y la comunidad en general, que usaría los servicios de la Institución en el marco de la emergencia sanitaria”.

La Tutela

El comunicado recuerda que “Tres miembros de la Junta Directiva del Hospital San Cristóbal de Ciénaga interpusieron una acción de tutela, solicitando medidas provisionales al Juez Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, Pedro Miguel Vicioso Cogollo, el cual ordenó medida provisional para que el Gobernador Carlos Caicedo se abstuviera de nombrar y encargar al gerente de la ESE, pese a que el ejecutivo es el único facultado para hacerlo en el orden departamental, como así lo dicta el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016”.

El Juez

Sobre las actuaciones jurídicas del Juez Pedro Miguel Vicioso Cogollo, el comunicado de la Gobernación informa que “ este mismo Juez, fue a quien la Corte Constitucional en su Sala Cuarta de Revisión, le ordenó la nulidad de todo lo actuado en la sentencia T-075/20 y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura para que se investiguen las irregularidades originadas en una decisión que ordenó reconocer y pagar una pensión indexada a Colpensiones, sin tener competencia para ello y contrariando el ordenamiento jurídico, así mismo el Juez fue sancionado por el Consejo Superior de la Judicatura bajo la sentencia 2011-00060 de 29 de octubre de 2015, al considerar que “profirió un mandamiento de pago ejecutivo de un proceso en el que no le fue solicitada tal decisión”; es decir, actuó fuera del marco legal como ocurre en la arbitraria decisión contra el Gobernador del Magdalena”.

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