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Declaración oficial de la Contraloría frente a prórroga contrato Cerro Matoso

Con el propósito de aclarar la posición de la Contraloría General de la República (CGR) frente a las declaraciones emitidas tanto por el Ministerio de Minas y Energía, así como por la Agencia Nacional Minera, relacionadas con la prórroga al contrato de Cerro Matoso, la entidad se permite informar:

1. La CGR no entrará en debates con las Entidades sujetos de auditoría por parte de la Contraloría. Sin embargo, anuncia que tiene la certeza absoluta que Cerro Matoso no cuenta con una Licencia Ambiental en los términos que establece la Ley 99 de 1993, en lo citado por la Corte Constitucional y en lo recomendado por el concepto no vinculante del Consejo de Estado donde señaló textualmente: …”siendo deber constitucional del Gobierno velar porque este contrato, en sus nuevos términos, guarde armonía con los nuevos estándares de la legislación minera y ambiental, y proteja eficazmente la integridad y los derechos sociales implicados en la actividad de la gran minería”, por lo cual la CGR no entiende el por qué no se procedió con el trámite contemplado en el ordenamiento jurídico hoy vigente en Colombia para obtener Licencias Ambientales.

2. Las consecuencias jurídicas en torno a las decisiones frente al contrato escapan a la esfera del órgano de control fiscal y se sitúan en el ámbito de la Procuraduría General de la Nación y los Jueces de la República por lo que mal haría esta entidad en alimentar polémicas que con fuerza de autoridad ejerzan aquellos que tengan legitimidad para hacerlo.

3. Todos los conceptos emitidos por la CGR se basan en soportes técnicos idóneos desarrollados por personal altamente capacitado y recursos tecnológicos acordes a cada caso en particular.

4. Por último la CGR deja claro que NUNCA ha estado, ni participó en los procesos de negociación de prórrogas o condiciones al contrato de Cerro Matoso tal como fue presentado en los medios de comunicación por la presidencia de la Agencia Nacional Minera. Las únicas reuniones realizadas se desarrollaron dentro del marco del ejercicio de la Gestión Fiscal a las Regalías y cuyo resultado generó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por 62 mil millones de pesos; por lo cual es menester exigir públicamente las aclaraciones pertinentes.

 

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