Magdalena

Gobernador reafirma priorización por la vida sobre clases presenciales y denuncia a la Asamblea de bloquear recursos para la alternancia

En un oficio dirigido a la Procuradora General, Margarita Cabello, el Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, reafirmó que hasta que el Gobierno Nacional no vacune a más del 70% de la población educativa, seguirá optando por priorizar los derechos a la salud y la vida de los magdalenenses, por lo que el territorio no dará apertura a las clases presenciales bajo el sistema planteado por el Ministerio de Educación, al que señaló de omitir los trámites adelantados por la Gobernación para dar paso a la presencialidad.

Igualmente, el mandatario detalló que la no realización previa de las clases presenciales también obedece a que los recursos disponibles para las mismas fueron bloqueados por la Asamblea del Magdalena.

“No sabemos con qué intención la señora Ministra omite informar a la señora Procuradora que en dos oportunidades el Secretario de Educación departamental informó al Ministerio de Educación el estado de los trámites para la incorporación de recursos del FOME al Presupuesto de Ingresos, Rentas y Gastos del Departamento del Magdalena. Al respecto se tiene que $1.849.324.280 autorizados mediante oficio con radicado 2020-EE-150053, del el 29 de julio de 2020, fueron autorizados por la Asamblea Departamental para ser incorporados al presupuesto de dicha vigencia, mediante Ordenanza No. 0108 del 04 de septiembre de 2020. Por su parte, los $9.281.905.884, asignados mediante Directiva número 17 del 20 de noviembre de 2020, no fueron incorporados toda vez que la Asamblea NO autorizó su incorporación al presupuesto de dicha vigencia”, informó el Gobernador.

En este orden de ideas, la Administración Departamental, solo contó con tres meses y medio de ejecución presupuestal antes del cierre de la vigencia 2020 para adelantar los procesos de planeación, contratación y ejecución de la Alternancia Educativa. Aunado a que solo fue autorizada por parte de la Asamblea, la incorporación al presupuesto de 2020 del 17% del total de los recursos asignados por la Nación, situaciones que derivaron en que los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), quedaran como saldos libres de afectación o superávit fiscal a 31 de diciembre de 2020.

Con los $1.849.324.280 incorporados al presupuesto mediante la Ordenanza 0108 del 04 de septiembre de 2020 se adelantó un proceso de contratación, en cuyo escenario se encontró que los proveedores excedían la vigencia para la entrega de los elementos de bioseguridad y por no contar con autorización de la Asamblea para comprometer vigencias futuras, fue materialmente imposible concretarse la ejecución de los recursos.

En relación con los $9.281.905.884, el Gobernador advierte que una vez iniciadas las sesiones ordinarias de la Asamblea, la Secretaría de Hacienda radicó el proyecto de Ordenanza para la autorización de la incorporación de estos recursos al presupuesto de la vigencia actual. Sin embargo, 18 días después de haberse radicado el Proyecto de Ordenanza, la Presidenta de la Duma dio traslado a la Comisión para la designación de ponente, quién según el reglamento contaba con cinco días para presentar su informe de ponencia. Por lo que el informe nunca fue presentado, dando paso automático al hundimiento del Proyecto de Ordenanza, sin haberse realizado un solo debate por parte de la Duma.

La anterior situación obligó a la expedición del Decreto 135 del 21 de mayo del 2021, por medio del cual se adiciona al Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Departamento 2021, el superávit de la vigencia 2020 y se realizaron unos ajustes presupuestales en cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional. Actualmente se adelanta el proceso de ejecución de los recursos del FOME que fueron asignados para la compra de los elementos de bioseguridad para las instituciones educativas oficiales en los 28 municipios.

También cabe resaltar que la decisión del mandatario fue tomada en conjunto con padres de familias, alcaldes, personeros estudiantiles, rectores, maestros y demás miembros del sector educativo que en su inmensa mayoría le dijeron No a la presencialidad hasta cuando por los menos el 70% del cuerpo directivo, docente y personal administrativo este vacunado y la infraestructura de las instalaciones garantice la puesta en práctica las medidas de bioseguridad que minimicen el riesgo de transmisión del Covid-19.

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