Contraloría estableció posible daño patrimonial de $637 mil millones, ante la falta de proyectos de desarrollo en la Represa del Río Ranchería

Una Auditoría de Cumplimiento al Proyecto, declarado de importancia estratégica para el país en 2005, determinó que este ha tenido más de $470 mil millones de mayores costos con respecto a los inicialmente previstos. La Contraloría considera que ha faltado una efectiva y oportuna gestión por parte de las entidades responsables para concretar la Fase II del Proyecto, situación por la que determina un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. Más hallazgos disciplinarios: no avanza cobertura de agua potable para la comunidad Wayúu y se están incumpliendo medidas cautelares solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos- CIDH para encontrar soluciones a los problemas de desnutrición, mal estado de salud y falta de acceso al agua potable y salubre de esta población vulnerable. Para la CGR, el objetivo y fines del Proyecto Ranchería no se han materializado y este presenta un incumplimiento, que a pesar de la existencia de la obra realizada subsiste en el tiempo desde su finalización, por cuanto no están dadas las condiciones para su pleno funcionamiento.

 

Rio Ranchería

La Contraloría General de la República determinó un presunto daño fiscal en cuantía de $637 mil millones de pesos por la gestión antieconómica que ha presentado el Proyecto de construcción de la represa del Río Ranchería, en el departamento de la Guajira, al incumplirse buena parte de los objetivos y fines con que inició hace 13 años.

La suma en que se cuantificó este hallazgo fiscal equivale al valor de construcción de la Presa “El Cercado”, correspondiente a la Fase I del proyecto, que incluye también las líneas de conducción principal de los distritos de riego Ranchería y San Juan (aún sin construir).

Si bien se evidenció que las obras contratadas fueron ejecutadas (con ostensibles retrasos y costos muy superiores a los previstos inicialmente), la Contraloría consideró que aún con la terminación de las mismas, no se logró el objetivo trazado inicialmente.

Según una Auditoría de Cumplimiento al proyecto, la única función que hoy cumple es regular el caudal del Río Ranchería, pero no se han concretado los otros objetivos planteados con el documento CONPES 3362 del 14 de julio de 2005, que lo declaró de importancia estratégica para el país, como eran:

El suministro de agua potable a 9 municipios de La Guajira (San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Uribia, Manaure, Maicao y Albania), así como la construcción de los distritos de riesgo y la instalación de una microcentral hidroeléctrica. 

En este sentido, el informe de auditoría realizado por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física, señala lo siguiente: 

“…se observa que, si bien se cumplió con el objeto y obligaciones establecidas en el contrato de obra 140 de 2001, se pudo evidenciar que a mayo de 2018 el cumplimiento del objetivo y fines planteados en el proyecto, para lo cual se desarrolló la obra objeto del mismo, no se ha concretado; salvo el objetivo relacionado con el caudal del río”.

Además, la CGR manifestó su preocupación ante el hecho de que no se evidencian gestiones efectivas para la consecución de recursos que garantice la terminación del proyecto; situación que afecta no solo la política agropecuaria, sino la calidad de vida de la población beneficiaria.

Más de $470 mil millones de mayores costos

El costo total ejecutado en la realización de los diseños detallados del Proyecto Ranchería, la construcción de la presa El Cercado y las conducciones principales a las áreas de Ranchería y San Juan del Cesar, incluida la interventoría, fue de $637.369.4 millones de pesos.

Dicho valor significa un aumento en $470.803 millones de pesos respecto al inicialmente establecido en los contratos de obra e interventoría.

Así mismo, el plazo de ejecución fue reformado al pasar de 71 meses a 100 meses y 20 días para obra; y de 72 meses a 106 meses y 27 días para interventoría. 

Ha faltado mayor gestión para concretar la Fase II del Proyecto

 La Auditoría de Cumplimiento al Proyecto Represa Río Ranchería determinó también un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria, relacionado con las gestiones adelantadas para garantizar el cumplimiento del proyecto.

En el Documento Conpes 3362 de 2005, se estableció que los diseños de los sistemas de riego, drenaje y vías a nivel principal, secundario y predial, quedarían disponibles, para que otras instituciones públicas y/o privadas llevaran a cabo su construcción.

No obstante, se observó que si bien se adelantaron algunas contrataciones por valor de $10.983,7 millones de pesos, tendientes a dar continuidad a la Fase II del proyecto, las mismas no fueron eficientes ni eficaces, para lograr los resultados esperados.

Para la Contraloría, se evidencia falta de una efectiva y oportuna gestión por parte de las entidades responsables de la ejecución del proyecto, con el fin de garantizar su financiación y continuidad. 

No avanza cobertura de agua potable para la comunidad Wayúu 

Otro presunto hallazgo con incidencia disciplinaria tiene que ver con los avances en la cobertura del acceso al agua potable de la Comunidad Wayúu, considerando que:

“Las acciones adelantadas por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; con el fin de estructurar e implementar un plan de acceso a agua potable para las comunidades Wayúu asentadas en las zonas rurales de la alta y media Guajira, en cumplimiento de los fallos de tutela proferidos por la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, no han solucionado de forma definitiva esta situación; circunstancia que está afectando los derechos fundamentales de los niños y niñas de la comunidad Wayúu, así como los deberes en la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales, por parte de los entes competentes”. 

Se están incumpliendo medidas cautelares solicitadas

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos- CIDH 

De igual modo, se identificó un hallazgo con incidencia disciplinaria, correspondiente a la falta de cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de los niños y niñas Wayuu, dirigidas a encontrar soluciones a los problemas de desnutrición, mal estado de salud y falta de acceso al agua potable y salubre de esta población vulnerable.

En concreto, si bien la CGR reconoció las acciones que se han intentado con este propósito, hizo un llamado de atención a la Cancillería para que efectué un seguimiento a las medidas ordenadas, lo que debe implicar un esfuerzo por monitorear a las diferentes entidades estatales involucradas en esta materia, convocando y coordinando las reuniones que sean del caso.

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