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Procuraduría abrió investigación contra dos generales por atentado contra la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el director Nacional de Escuelas de la Policía Nacional, mayor general Carlos Enrique Rodríguez González, y la directora de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, brigadier general Juliette Giomar Kure Parra, por los hechos que rodearon el atentado con carro bomba contra ese centro de formación, el 17 de enero de 2019, que dejó como resultado 20 cadetes muertos y 73 heridos, entre quienes figuran dos menores de edad, tres civiles, 65 cadetes, un oficial y dos patrulleros.

Para el Ministerio Público se hace necesario investigar si existió o no una conducta que pueda ser reprochada disciplinariamente al mayor general y a la brigadier general, teniendo en cuenta que pese a las pruebas recopiladas en la indagación preliminar, no fue posible establecer si los oficiales ordenaron y adelantaron las acciones necesarias no solo para salvaguardar la seguridad de las instalaciones de la escuela, sino del personal que allí labora, se capacita o se encontraba de visita.

Como parte de la apertura de la investigación se ordenó la práctica de nuevas pruebas tendientes a establecer el trámite que se dio a la valoración integral de seguridad física que realizó la Dirección de Inteligencia de la Policía, los protocolos implementados para brindar seguridad al personal y a las instalaciones y las acciones puestas en marcha para detectar las fallas de seguridad y los correctivos adoptados.

La investigación busca determinar si la conducta de los implicados es constitutiva o no de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habría cometido y su responsabilidad disciplinaria, conforme lo dispone el artículo 153 de la Ley 734 de 2002.

El ente de control asumió el proceso disciplinario por el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes General Santander el pasado 20 de agosto, luego de que la Inspección General de la Policía Nacional ordenara remitir las diligencias al Procurador General de la Nación.

Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.

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