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El Alcalde no necesita facultades del Concejo para contratar: Concejal Carlos Padilla

En comunicación dirigida al Concejo Municipal de Ciénaga, el concejal Carlos Padilla Peña, le plantea a sus compañeros de cabildo y a la opinión pública que el Alcalde de Ciénaga Luis Tete Samper, no necesita que la corporación edilicia le entregue o le apruebe facultades para poder celebrar contratos y convenios.

El cabildante cienaguero presentó la  comunicación de aclaración por el proyecto de Acuerdo que el Alcalde Luis Tete Samper,  envío al Concejo en el cual solicita facultades de los concejales para adelantar contratos  y convenios en su gobierno.

En la comunicación Padilla Peña expresa los argumentos jurídicos en los cuales basa su posición y explica que hay suficiente argumentación sobre el tema en jurisprudencias del Consejo de Estado, señalando que no se dan las condiciones de ley para aprobar esas facultades.

El Concejal señala en su comunicación, que para los Concejos Municipales solo es viable aprobarle facultades para contratar a los Alcaldes, cuando los mandatarios requieren adelantar la contratación de convenios especiales, según se expresa en el decreto ley 092 de 2017.

El siguiente es el texto en el cual el Concejal del partido Conservador, Carlos Padilla Peña,  explica su posición y los argumentos jurídicos que la sustentan:

Ciénaga, 14 de enero de 2020

Señores:

CONCEJO MUNICIPAL DE CIÉNAGA MAGDALENA

  1.     S.                      D.

Ref.: Aclaracion a la opinión publica sobre el proyecto de facultades para contratar  presentado por el Alcalde Municipal al Concejo de Ciénaga, Magdalena.

Analizando el proyecto de acuerdo puesto a consideración por el señor alcalde a esta honorable corporación, observo que dentro del mismo se están solicitando facultades  al Concejo Municipal por parte del Alcalde Municipal para celebrar contratos y convenios durante la vigencia del año 2020.

No entiendo la necesidad de dicho acuerdo por parte de la administración municipal, ya que el señor alcalde no necesita facultades del Honorable Concejo Municipal para contratar, lo cual es un tema ya decantado en múltiples jurisprudencias del Honorable Consejo de Estado, donde manifestó en uno de ellos que: “Sobre la facultad de los alcaldes para contratar y los casos en que requiere autorización previa del concejo municipal, esta Sala ya se ha pronunciado en Conceptos 1371 de 2001 y 1889 de 2008 y, recientemente, en los radicados con los números 2215 de 2014 y 2230 de 2015. (…) De conformidad con los artículos 315-3 de la Constitución Política, 11-3 de la Ley 80 de 1993, 91-D-5 de la Ley 136 de 1994 y 110 del Decreto 111 de 1996, por regla general los alcaldes tienen la facultad general de suscribir contratos y dirigir la actividad contractual de los municipios sin necesidad de una autorización previa, general o periódica del concejo municipal.  En este sentido, el entendimiento de que cada año o periodo de sesiones el concejo municipal debe autorizar al alcalde para suscribir contratos, de modo que si esa autorización no se produce la contratación del municipio se paraliza, es inconstitucional e ilegal, pues además de que no se deriva de los artículos 313-3 de la Constitución Política y 32-

3 de la Ley 136 de 1994 (que adelante se revisan), desconoce las facultades contractuales y de ejecución presupuestal del alcalde contenidas en las disposiciones anteriormente citadas. Además, una interpretación de esa naturaleza sería contraria a los principios de eficiencia, transparencia, celeridad y economía que orientan la actuación administrativa (artículos 209 C.P. y 3 de la Ley 489 de 1998).”

Este concepto rendido por el Honorable Consejo de Estado, a través de su sal de consulta, con Radicado número: 11001-03-06-000-2014-00285-00 (2238), establece además que: “Como puede observarse a través de los diferentes conceptos de esta Sala sobre la materia, ha habido un cambio paulatino pero radical en la interpretación del artículo 313-3 de la Constitución Política sobre la autorización de los concejos municipales a los alcaldes para contratar. En efecto, si bien en un principio se pensaba que el alcalde no podía contratar mientras que el concejo municipal no lo autorizara para tales efectos, lo que usualmente se traducía en el convencimiento de que era necesario obtener por el alcalde un acuerdo municipal anual que le otorgara dicha habilitación, actualmente es claro que esa interpretación no es la que corresponde al análisis sistemático de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia. Por el contrario, debe entenderse según los artículos 313-3 de la Constitución y 32 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con los artículos 315-3 de la Constitución Política, 11-3 de la Ley 80 de 1993,  91-D-5  de la Ley 136 de 1994 y 110 del Decreto 111 de 1996, que los alcaldes tienen la facultad general de suscribir contratos y dirigir la actividad contractual de los municipios sin necesidad de una autorización previa, general o periódica del concejo municipal, salvo en dos casos: (i) cuando así lo haya previsto la ley; y (ii) cuando así lo haya dispuesto el concejo municipal expresamente mediante acuerdo. De este modo, en caso de silencio de la ley o en ausencia de acuerdo que someta un determinado contrato a autorización previa del concejo municipal, habrá de entenderse que el alcalde puede celebrarlo, sin necesidad de tal autorización, con base en sus facultades constitucionales y legales en materia contractual.”

Por consiguiente, como es claro que el concejo municipal no ha expresado mediante acuerdo restringir las facultades al Señor alcalde para contratar durante la vigencia 2020, y además como dentro del estatuto presupuestal aprobado para esta vigencia tampoco se le restringió las facultades para ejecutarlo, el señor alcalde no necesita facultades para contratar el plan de inversiones que está adjunto dentro del presupuesto para la vigencia 2020.

Ahora en lo referente a los convenios y contratación especial que pueda celebrar el señor alcalde dentro de sus atribuciones normales, este mismo concepto jurisprudencial establece que: “Excepcionalmente, el alcalde necesitará autorización previa del concejo municipal para contratar en dos eventos: a) En los casos expresamente señalados en el parágrafo 4º del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012; b) En los casos adicionales que señale expresamente el concejo municipal mediante acuerdo, de conformidad con los artículos 313-3 de la Constitución Política y 32-3 de la Ley 136 de 1994. Sobre el alcance de esta última potestad se ha aclarado que a pesar de su aparente amplitud, las normas citadas solo facultan al concejo municipal para (i) señalar los casos excepcionales en que el alcalde requiere autorización previa para contratar y (ii) reglamentar el trámite interno (dentro del concejo) para dicha autorización. Se ha indicado, por tanto, que la atribución del concejo municipal es restringida y exige un entendimiento sistemático y coherente con las potestades del alcalde para contratar, de manera que “los concejos municipales deben actuar con razonabilidad, de modo que solo estén sometidos a ese trámite aquellos tipos contractuales que lo ameriten por su importancia, cuantía o impacto en el desarrollo local”. Así pues, se debe reiterar que a través de la atribución constitucional del artículo 313-3 de la Constitución Política, de naturaleza netamente administrativa, el concejo municipal no puede (i) someter todos los contratos que vaya a suscribir el alcalde a su autorización previa, sino solamente aquellos que por su naturaleza, monto, o materia pueden afectar de manera importante la vida municipal; (ii) modificar el estatuto de contratación pública o sus normas reglamentarias o establecer trámites o requisitos adicionales para el respectivo contrato; o (iii) interferir en las potestades contractuales que la Constitución y la ley le asignan al alcalde como representante legal del municipio.”

Con el anterior concepto emitido por la sala de consulta civil del Consejo de Estado, es claro que el señor alcalde no necesita facultades de esta honorable corporación para contratar.

En lo relacionado con la celebración de convenios especiales, es claro que a través del decreto ley 092 de 2017, el cual establece claramente cuáles son los convenios que pueden celebrar la entidades territoriales, las cuales son bastantes restringidas, por consiguiente autorizar expresamente al señor alcalde a que celebre convenios en general sería una gran irresponsabilidad el Concejo además que sería solidario en la responsabilidad de orden penal, disciplinario o fiscal, en caso de que el señor alcalde haga uso indebido de dicha facultad, ya que el

Decreto antes citado, restringió al máximo la celebración de convenios en la contratación estatal, por consiguiente considero que no podemos como concejales asumir una responsabilidad tan grande y arriesgada.

Si el señor alcalde en su saber y entender pretende hacer convenios especiales debe solicitar facultades al honorable concejo cada vez que lo vaya a celebrar a fin de que esta corporación verifique de primera mano si se está cumpliendo con los nuevos lineamientos fijados dentro del decreto ley 092 de 2017 para la celebración del convenio a autorizar.

Para una mayor ilustración de los Honorables concejales, les sugiero remitirse a un fallo reciente del consejo de estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA, Donde es ponente la Consejera NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN de fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) con Radicación número: 50001-23-31-000-2010-00548-01, en donde esta honorable corporación revoca un acuerdo concediendo facultades generales como las que aquí se pretenden por ser contrario a la ley.

_______________________________

CARLOS ENRIQUE PADILLA PEÑA

C.C. 12.618.686

CONCEJAL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

C.C. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

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