Por Edward Torres Ruidiaz
La polémica sobre el decreto de liquidación del presupuesto 2024 del gobierno nacional sirvió para saber que este instrumento existía y que, definitivamente, existen ciudades y gobernaciones que sacan ventaja en el presupuesto de la nación, en contraste con otras de muy pobre gestión.
Mientras Bogotá, Antioquia, Cali y Barranquilla peleaban por ver recursos para sus metros y troncales, Magdalena y Santa Marta ni siquiera alegaban que proyectos le quedaron incluidos o por fuera, o que tanto o tan poquito nos dieron. Simplemente vimos la discusión nacional como pasivos espectadores de partido de tenis. Nuestros gobernantes, con pocas excepciones, parecían seguir más preocupados por las páginas sociales en que se convirtieron los nombramientos a cualquier cargo, que por un asunto de la relevancia del presupuesto nacional, importante por el momento (la segunda mitad y último envión del gobierno Petro), y la magnitud de los recursos en disputa.
Lo primero: esto último. Un par de tips nos dan una idea de cómo le fue a Santa Marta y Magdalena en el referido decreto de liquidación.
La inversión en aeropuertos para 25 ciudades suma $1,2 billones. Algunos lograron meterse como departamento y como ciudad, sumando por partida doble, como el caso de Bogotá, que pellizcó $109 mil millones para Bogotá y $137 mil millones para los municipios de Cundinamarca, sumando el 20% de la bolsa total. Medellín, Bucaramanga y Cúcuta lograron bolsas individuales y para los municipios de Antioquia, Norte de Santander y Barrancabermeja. El mas avezado fue Cali que logró tres bolsas individuales para Buenaventura, Cali y Valle del Cauca, quedándose con el 7% de la bolsa total. No es casualidad que sean los más desarrollados.
Magdalena apenas logró meter el aeropuerto de Santa Marta, pero con la menor asignación entre las 25 ciudades y regiones con apenas $4.985 millones, el 0,4% de la bolsa total. Ni siquiera el enfoque turístico del gobierno Petro, ni estar incluida previamente en el Plan de Desarrollo nacional la ampliación del aeropuerto Simón Bolívar, le sirvió a los Congresistas del Magdalena para lograr más recursos para Santa Marta, siendo superada de lejos por aeropuertos de ciudades intermedias como Tolú que logró quince veces más recursos con $79 mil millones (6,3% de la bolsa), Barrancabermeja con $29 mil millones, Riohacha con $60 mil millones, o Yopal con $21 mil millones. El del caribe que más logró fue Atlántico con $99 mil millones, incluido como “región” pues el aeropuerto está en Soledad. Todos por encima y lejos de Santa Marta mientras aeropuertos como El Banco no obtendrán recursos,
En transporte público Bogotá se quedó con las 2/3 partes de los $2,1 billones, mientras Medellín y Cali se llevaron el 27% dejando apenas el 6% para otros 5 municipios. Santa Marta logra apenas $12 mil millones, poquito, pero la hazaña fue lograr algo aquí.
El agua de Santa Marta, el que se supone era la prioridad de los gobernantes de Magdalena no quedó en el presupuesto nacional 2024 y ahora toca competir con los otros 1100 municipios y 32 gobernaciones por los exiguos $874 mil millones generales que quedaron. Utópico si consideramos los $2,7 billones que costaba este proyecto según el gobierno Caicedo o los $650 mil millones que cuesta el proyecto para el nuevo alcalde Carlos Pinedo.
Cabe anotar que este Presupuesto nacional se discutía en 2023 mientras Caicedo era Gobernador y manejaba la alcaldía de Santa Marta a través de Virna, lo cual es una clara demostración del mediocre gobierno caicedista, si consideramos su cercanía al gobierno Petro. Ni ejecución, ni gestión. Igual de diciente el silencio del nuevo gobernador del Magdalena Rafael Martínez ante este tema, siendo tan cercano al gobierno nacional.
Caso resaltable el Valle del Cauca que logró 2 de las 8 partidas aprobadas en agua para Cali y Buenaventura, quedándose con el 30% de los recursos. Hasta la Guajira en este punto resaltó.
Los 9 que se quedaron para Magdalena: En el cuadro vemos los 9 proyectos incluidos para Magdalena, otros son compartidos con otros departamentos por lo que no es posible determinar el monto exacto, además de que algunas apropiaciones se ven bastante limitadas.
Sólo 5 proyectos suman asignaciones especificas por valor de $148.867 millones para la vía Santa Ana-La Gloria, la vía alterna al puerto en Santa Marta y Plato-Palermo (¡por $16.359 millones solamente!). Es poco si consideramos que el 81% se lo lleva la asignación para Corpamag y la Universidad del Magdalena, un costo casi que fijo.
El Banco aparentemente es el gran beneficiado con el mejoramiento de las vías a Mompox, a Cuatro Vientos-Codazzi y a El Burro, probablemente por la relevancia que ha tomado a nivel nacional la transversal de la Depresión Momposina en el enlace con Cartagena y Montería. No obstante, su rubro de $20 mil millones se ve insuficiente siendo que debe compartirlo con otros tramos de Cesar, Sucre y Bolívar.
En igual situación queda la vía Apure-Pivijay (la gran vía central del Magdalena que presenté en mi programa de gobierno), que debe compartir los $240 mil millones asignados con otros 20 proyectos a nivel nacional.
Es decir, aparte de nuestras exiguas asignaciones, la ejecución de estos proyectos va a requerir que nuestros Congresistas, gobernadores y alcaldes sean activos ante el gobierno nacional para la competencia con otros departamentos, que ya demostraron estar más despiertos. ¿Será posible? Ese es el reto. La amistad con el gobierno Petro, para quienes la tienen, debe servir para algo más que puestecitos burocráticos o selfies en el Congreso.
Los grandes ausentes : Tampoco aparecen en el polémico Decreto de liquidación proyectos del Magdalena incluidos en el Plan de Desarrollo nacional y que por tanto debían estar allí, como son el puente Salamina-Puerto Giraldo, Atlántico, el agua de Santa Marta, la doble calzada Ciénaga-Barranquilla, ni un km de vías secundarias, el centro de salud de Guáimaro, la vía San Basilio-Playón de Orozco-Veranillo, la vía Santa Ana – San Fernando, la vía Sitionuevo – La Puente y la restauración del estadio Eduardo Santos de Santa Marta. Entran a la cámara ardiente del 3er año de gobierno Petro, sin siquiera un doliente que los mencione en el Congreso cuando ya se había dado bien el primer paso.
Lo segundo… volvemos al decreto: El decreto de liquidación saltó a la fama. Antes poco se mencionaba y entendía, tal vez por su confuso significado que pareciese aludir a la “terminación” o al “cierre” de algo, y no al “inicio”, que es a lo que en realidad se refiere. Ahora sabemos que luego que el ejecutivo ELABORA el presupuesto, que el Congreso lo APRUEBA por ley, el presidente debe LIQUIDARLO mediante un decreto para “detallar” lo aprobado por el Congreso y allí iniciar su EJECUCIÓN. El ciclo culmina al final del año con el decreto de CIERRE O RESULTADO del ejercicio presupuestal. Esta vez la liquidación le robó el show a la aprobación que antes se llevaba los titulares.
Cabe aclarar que el decreto de liquidación no incorpora nada nuevo al presupuesto aprobado. Sirve para corregir “errores aritméticos y de leyenda” del proyecto de ley e incorpora al articulado interno en forma detallada los proyectos o subprogramas que en la ley estaban como anexos, pues su nivel de desagregación estaba hasta programas. Debe cuidarse de no modificar los valores aprobados.
La polémica se dio porque el gobierno nacional, luego de aprobarse la ley 2342 del 15 de diciembre de 2023 aprobando el presupuesto 2024, expidió el decreto de liquidación 2295 del 29 de diciembre de 2023 en el cual no detalló los proyectos o subprogramas, dejando las cifras agrupadas a un nivel general que podía ser cualquier cosa. Ahí fue Troya cuando Bogotá vio que la primera fase del metro no aparecía detallada sino en una partida global, peor aún expuesta a los “riesgos de ejecución” en palabras del ministro de Hacienda.
Esta semana el gobierno Petro dio reversa y corrigió el decreto de liquidación mediante el decreto 163 del 14 de febrero, el cual si detalla los proyectos reclamados y que es en el que a Magdalena le va bastante mal, como vimos.
