Economía

Trabajadoras domésticas laboran hasta 11 horas diarias y muchas devengan menos del 50 % del salario mínimo legal, según estudio

Así lo concluye el informe Propuestas para la Formalización del Trabajo Doméstico en Colombia, que desarrolló la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, en colaboración con la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (CODESS). Señala el análisis que el perfil del trabajo doméstico en Colombia está altamente feminizado, con un 98 % de mujeres, en su mayoría entre 30 y 50 años, muchas de las cuales son jefas de hogar. El 84 % de las trabajadoras se concentran en áreas urbanas, especialmente en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali. En Bogotá el 70 % de las trabajadoras domésticas no tiene acceso a seguridad social y el 40 % reporta ingresos por debajo del salario mínimo mensual. Las trabajadoras domésticas rurales, especialmente en Antioquia, Santander y Cundinamarca, enfrentan condiciones de extrema precariedad.

El trabajo doméstico en Colombia continúa enfrentando serios desafíos debido a su histórica subvaloración y regulación inadecuada. Muestra de ello es que la jornada laboral promedio varía entre 8 y 11 horas diarias y los salarios suelen ser solo el 50 % del salario mínimo legal, con una reducción aún más pronunciada en las áreas rurales.  

Así lo concluye el informe Propuestas para la Formalización del Trabajo Doméstico en Colombia, que desarrolló la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, en colaboración con la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (CODESS), el cual revela que la mayoría de los trabajadores domésticos en el país son mujeres entre 30 y 50 años, con cerca de 20 años de experiencia laboral.    

En las zonas urbanas, estas trabajadoras suelen estar empleadas en hogares de clase media alta, mientras que en las áreas rurales enfrentan condiciones mucho más precarias, indica el análisis.   

El perfil del trabajo doméstico en Colombia está altamente feminizado, con un 98 % de mujeres, muchas de las cuales son jefas de hogar. Las disparidades regionales son marcadas: el 84 % de las trabajadoras se concentran en áreas urbanas, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, comentó Darwin Cortés, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, quien dirigió el informe.   

En Bogotá, el 70 % de las trabajadoras domésticas no tiene acceso a seguridad social y el 40 % reporta ingresos por debajo del salario mínimo mensual. En las zonas rurales, la situación es aún más crítica, con el 65 % de las trabajadoras percibiendo ingresos por debajo del 50 % del salario mínimo legal y apenas el 30 % accediendo a seguridad social, resaltó Cortés.    

“Las trabajadoras rurales, especialmente en departamentos como Antioquia, Santander y Cundinamarca, enfrentan condiciones de extrema precariedad debido a la falta de contratos formales y a la ausencia de mecanismos de protección laboral”, comentó Diana Londoño, investigadora principal del estudio.   

Desafíos persistentes y reformas urgentes   

El proyecto Propuestas para la Formalización del Trabajo Doméstico en Colombia, de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, en colaboración con CODESS, busca formular recomendaciones para mejorar la formalización laboral de los trabajadores domésticos en áreas rurales y urbanas. Este esfuerzo está alineado con los Convenios de la OIT 189 y 190, así como con el régimen de seguridad social vigente, asegurando así su viabilidad y sostenibilidad institucional.   

Utiliza una metodología que combina enfoques cualitativos y cuantitativos. El análisis cualitativo incluye grupos focales en tres regiones del país y una revisión exhaustiva de la normativa. El enfoque cuantitativo se basa en los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE para 2023, analizando variables como tipo de empleo, ubicación, edad, nivel educativo y grado de formalización.  

Jhon Marulanda, investigador de CODESS, dijo que los grupos focales revelan que las trabajadoras domésticas enfrentan retos significativos como largos desplazamientos, estrés laboral y bajos salarios. Resaltó que los principales desafíos incluyen la falta de inspección, la estigmatización y las barreras económicas.   

En Bogotá, el tiempo promedio de desplazamiento es de 1.5 horas, mientras que en las zonas rurales puede alcanzar hasta 3 horas diarias, afectando gravemente la calidad de vida de las trabajadoras, agregó.  

César Valderrama, investigador del proyecto, sugiere que Colombia podría beneficiarse de las estrategias implementadas en países como Argentina, Brasil y Uruguay, que han mejorado la protección de los trabajadores domésticos mediante regulaciones específicas.   

Darwin Cortés subrayó la necesidad de reformar la Ley 278 de 1996 para incluir a los sindicatos de trabajadores domésticos en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales, recopilar datos sobre necesidades jurídicas, crear un registro de empleados para fortalecer la seguridad social y alinear la jornada laboral con la de otros trabajadores.  

El estudio recomienda una serie de acciones para mejorar la situación del trabajo doméstico en Colombia, incluyendo el fortalecimiento de la inspección laboral, la promoción de la afiliación sindical y el uso de nuevas tecnologías para facilitar la formalización de contratos y el acceso a la seguridad social.   

Diana Londoño comentó que se implementará una herramienta tecnológica llamada “DigniHogar”, que permitirá a empleadas y empleadores de servicio doméstico disponer de una plantilla de contrato ajustada y desglosar los costos de seguridad social.  

A nivel latinoamericano y del Caribe, la OIT estima que 76 millones de personas trabajan en el sector doméstico. En Colombia, aproximadamente 800.000 personas están empleadas en este ámbito, la mayoría en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, lo que agrava aún más su discriminación. Aunque se han logrado algunos avances legislativos con el Decreto 824 de 1988, la Ley 1788 de 2016 y la ratificación de los convenios 189 y 190 de la OIT, las normativas actuales siguen siendo insuficientes para garantizar condiciones laborales dignas para estos trabajadores. 

 

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