Con 30% de dineros arrebatados al narcotráfico, se financiarán programas del Gobierno para sustituir cultivos ilícitos

La estrategia de la Política de Drogas que implementa el Gobierno nacional para priorizar la protección del medio ambiente y la sustitución de cultivos ilícitos en áreas de importancia ambiental, mediante un trabajo articulado con las comunidades, será financiada con el 30 % de los recursos provenientes de dineros incautados al narcotráfico.

El anuncio lo hizo este martes en Cali, en el marco de la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad (COP16), la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, con la firma del ‘Convenio Marco del Programa Nacional de Transformación Ecológica y Productiva para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Áreas de Especial Importancia Ambiental’.

El acuerdo marca un hito en la articulación interinstitucional para priorizar la protección de la biodiversidad en la política de drogas y se protocolizó entre los ministerios de Justicia, Agricultura y Ambiente; la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad y el Fondo Colombia en Paz.

La iniciativa se adelanta en el marco de la Política Nacional de Drogas, que incluye un eje de cuidado ambiental en su implementación y “contempla como prioridad el cuidado de la vida, el balance adecuado entre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, generando así una valoración del ser humano como parte integral de la naturaleza, que aporta a los objetivos de conservación y restauración ambiental’, indicó la titular de la cartera de Justicia.

El programa permitirá impulsar la sustitución de cultivos ilícitos mediante alternativas productivas que protejan la biodiversidad, generen ingresos legales y promuevan la conservación ambiental en áreas de especial importancia.

Con esta apuesta de intervención integral, el Gobierno Nacional hará, en los próximos dos años, una significativa inversión, y los territorios beneficiados tendrán alternativas para brindar a los campesinos acceso a incentivos económicos por sus compromisos de conservar la naturaleza y proteger la biodiversidad a cambio de una vida digna.