En una decisión inédita, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció al exgobernador del Magdalena y líder del movimiento Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, como víctima directa del conflicto armado en el marco del Caso 08 – Subcaso Gran Magdalena. El alto tribunal concluyó que Caicedo fue blanco de una persecución sistemática por parte de agentes del Estado, grupos paramilitares y sectores políticos, que utilizaron el aparato judicial como herramienta de exclusión política.
El reconocimiento fue formalizado mediante el Auto OPV 677 del 18 de junio de 2025, en el que la Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que las campañas de estigmatización, los montajes judiciales y el hostigamiento sostenido contra Caicedo no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia estructural para silenciar su liderazgo.
La JEP advirtió que las formas de persecución política pueden manifestarse también a través de métodos indirectos, como la difamación y la manipulación judicial, prácticas que ahora son reconocidas como formas de violencia dentro del marco del conflicto armado.
Caicedo enfrentó múltiples ataques desde su paso como rector de la Universidad del Magdalena (1997–2006), donde lideró reformas contra estructuras corruptas vinculadas al paramilitarismo. Posteriormente, en su carrera política como alcalde y gobernador, fue blanco de falsas acusaciones, detenciones arbitrarias y campañas de desprestigio impulsadas por sectores contrarios a su proyecto político. La JEP valoró como pruebas clave decisiones judiciales previas, como la sentencia de Justicia y Paz de 2018 y archivos fiscales de 2023, que desvirtuaron los señalamientos en su contra.
“Durante más de dos décadas fui víctima de una maquinaria de persecución que dejó huellas profundas en mi vida y mi familia. Esta decisión de la JEP no es solo un acto de justicia hacia mí, sino un reconocimiento a todas las personas que han sido perseguidas por pensar distinto”, expresó Caicedo, al conocer el fallo. Con esta decisión, el líder samario adquiere la calidad de víctima interviniente ante todas las Salas de la JEP, lo que le permite aportar activamente en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
El fallo marca un precedente histórico al considerar que delitos como la calumnia o la injuria, cuando hacen parte de una estrategia sistemática de persecución política, pueden ser considerados crímenes de macrocriminalidad.
La JEP envía así un mensaje contundente contra la impunidad: ninguna forma de violencia política debe ser invisibilizada ni quedar sin sanción, y la democracia solo será plena cuando se garantice la participación sin miedo de todas las voces.
