Investigación revela cómo la extorsión está golpeando a los municipios cafeteros del país

La extorsión en Colombia dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en una amenaza nacional que avanza con fuerza desbordada. Entre 2014 y 2023, la tasa del delito creció más del 70%. Frente a esta crisis, el estudio “Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis Cuantitativo en Municipios de Colombia” analizó a profundidad cómo la agricultura legal, la vulnerabilidad histórica de ciertos territorios y la reconfiguración criminal explican el comportamiento de la extorsión en 1.122 municipios de Colombia.

La investigación, realizada por los docentes Jaime Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa del Politécnico Grancolombiano, explica que Colombia depende de más de 550.000 familias que cultivan café en alrededor de 600 municipios. Esta actividad agrícola, base económica para miles de hogares, se ha convertido en un blanco atractivo para grupos armados y redes criminales. El ingreso estable, la circulación de dinero en efectivo y la baja bancarización crean condiciones ideales para la imposición de cobros ilegales, afectando directamente a productores, cooperativas y transportadores rurales.

¿Qué encontró la investigación?

Las tendencias temporales muestran que la extorsión no siguió un aumento lineal. Entre 2014 y 2016 se observó una leve disminución, seguida por un repunte a partir de 2017, coincidiendo con cambios en el panorama criminal tras la desmovilización de las FARC. En 2020 cayó por efecto de las restricciones de movilidad, pero entre 2021 y 2023 experimentó un incremento acelerado del 43%, consolidándose como una amenaza persistente.

Una señal preocupante es la reducción de la brecha entre municipios cafeteros y no cafeteros. Mientras en 2015 los cafeteros superaban en 52% la tasa de extorsión frente a los demás, para 2023 la diferencia cayó al 9%. Esta convergencia indica que el fenómeno dejó de estar concentrado en zonas típicamente vulnerables y alcanzó una distribución casi homogénea en el país, incluyendo ciudades y regiones sin tradición cafetera.

El estudio muestra que el verdadero riesgo no está solo en ser un municipio cafetero ni solo en ser un municipio PDET, sino en ser ambas cosas al mismo tiempo. Es en esa combinación donde la extorsión se dispara. Cuando un pueblo vive del café y además tiene antecedentes de conflicto armado, los grupos criminales encuentran las condiciones perfectas para presionar, cobrar “vacunas” y controlar la economía local. Por eso, esa mezcla aumenta en promedio 3,4 casos adicionales de extorsión por cada 100.000 habitantes, volviendo estos territorios mucho más vulnerables y afectando directamente la estabilidad económica de las familias cafeteras.

Otro elemento que agrava la situación es la presencia de cultivos de coca, que incrementan en promedio la tasa de extorsión en 3,5 puntos adicionales. Esto revela un escenario donde economías legales e ilegales coexisten, generando sinergias criminales que permiten a actores armados consolidar redes de control económico, infraestructura logística y mecanismos de vigilancia que favorecen la expansión de la extorsión en zonas rurales.

Los departamentos más golpeados

A nivel departamental, el estudio muestra que en 2022 la extorsión alcanzó niveles extremos en Chocó, Guaviare, Meta, Cauca y Arauca, con tasas muy por encima del promedio nacional. Estos territorios comparten dinámicas de conflicto persistente, presencia de economías ilícitas y baja institucionalidad, lo que explica la intensidad del fenómeno y su continuidad, incluso en momentos donde otros delitos se reducen temporalmente.

El análisis geoespacial revela que la coincidencia entre alta extorsión y alta caficultura se concentra en Antioquia, Cauca, Huila, Nariño y sectores del Tolima. En estas regiones, los mapas bivariados muestran municipios donde la producción cafetera se superpone con altos niveles del delito, configurando zonas críticas donde los actores criminales ejercen control y capturan una parte significativa del valor generado.

En contraste, el Eje Cafetero tradicional, representado por departamentos como Caldas, Quindío y Risaralda, muestra estabilidad en niveles bajos de extorsión, con tasas entre 8 y 10 casos. La mayor cohesión institucional, la articulación entre autoridades locales y el gremio cafetero, así como el control territorial más sólido, parecen ser factores protectores que limitan la expansión del delito en estas áreas.

¿Y qué pasa con homicidios y secuestros?

Al evaluar otros delitos, la investigación confirma que ni el homicidio ni el secuestro presentan asociaciones significativas con la caficultura. El secuestro, que alcanzó picos históricos a comienzos de los años 2000, cayó a niveles mínimos tras la desmovilización de las FARC. En su lugar, la extorsión surgió como un mecanismo más eficiente, menos visible y más rentable para financiar estructuras criminales en territorios vulnerables.

Esta transformación de la violencia demuestra que los grupos armados ya no necesitan capturar físicamente a las personas para obtener rentas ilegales. Ahora buscan controlar las actividades económicas esenciales, entre ellas la caficultura. La extorsión se convierte en una herramienta de dominación silenciosa que deteriora la estabilidad social y económica sin dejar huellas visibles de violencia física.

¿Qué estamos haciendo?

El estudio profundiza en la dimensión humana del problema: siete de cada diez caficultores denuncian haber recibido llamadas extorsivas, pero menos del 15% se atreve a denunciar formalmente. El temor a represalias, la percepción de ineficacia institucional y la normalización del pago de “vacunas” perpetúan un ciclo de silencio que fortalece a los grupos criminales y debilita la capacidad de resistencia comunitaria.

La comparación internacional agrava la preocupación: mientras Colombia supera los 20 casos por cada 100.000 habitantes, países vecinos como Perú y Ecuador registran menos de 5, marcando una brecha de cuatro a uno. El estudio sostiene que esta disparidad no se debe solo a factores económicos, sino a la densidad criminal, la falta de control estatal y la persistencia de disputas territoriales en zonas rurales productivas.

Las consecuencias son graves. La extorsión reduce ingresos familiares, limita la posibilidad de invertir en innovación, frena la transición hacia cafés especiales y debilita la organización gremial. Las cooperativas pierden fuerza, los productores trabajan en aislamiento y la capacidad competitiva se deteriora, especialmente en zonas donde el café representaba aspiraciones de ascenso social y mejora de la calidad de vida.

Frente a esta realidad, la evidencia señala que las respuestas públicas deben trascender los operativos policiales y avanzar hacia una presencia institucional integral. Esto incluye justicia local eficiente, protección económica para productores, fortalecimiento cooperativo y estrategias focalizadas en municipios cafeteros PDET. Así será posible interrumpir las rentas criminales y garantizar condiciones mínimas de seguridad para las comunidades rurales.