Creg advirtió al Gobierno Nacional sobre incumplimiento del desmonte de altas tarifas de energía

La decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico para que la Región Caribe tenga tarifas de energía justas y equitativas frente al resto del país, como lo demandaron los personeros de Barranquilla y Santa Marta, acaba de ser confirmada por el Consejo de Estado, pero el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha permitido acabar el ruinoso régimen transitorio especial al impedir la eliminación de la sobretasa de comercialización.

Los personeros Miguel Ángel Alzate y Edwar Orozco, de Barranquilla y Santa Marta, respectivamente, valoraron la decisión del Consejo de Estado que protege los derechos colectivos de los usuarios a un servicio público esencial como es el de la energía eléctrica.

“Esta decisión del Consejo de Estado es histórica. Respalda la Acción Popular del magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo que ordenó reducir las tarifas y ponerle fin a la gran injusticia que se estaba cometiendo con nuestra región en materia de energía eléctrica”, expresaron Alzate y Orozco.

Lamentaron, sin embargo, que el gobierno nacional, en cabeza del ministro deMinas y Energía, Edwin Palma, no haya permitido la eliminación total del régimen especial.

En efecto, luego de las medidas cautelares del magistrado Fandiño, decretas el 22 de agosto de 2024, ahora confirmada por el Consejo de Estado, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, inició los procesos administrativos que ordenó el Tribunal para reducir las tarifas, dictó 17 resoluciones y actos administrativos regulatorios, uno de las cuales acabó con el cobro del robo de energía que le aplicaban únicamente a los usuarios costeños, y tiene lista desde el año pasado la última resolución para eliminar la sobretasa de comercialización que en el país sólo la pagan los clientes de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira y los de Afinia en Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Esta última resolución surtió todos los trámites, incluso superó recusaciones contra los comisionados que resolvieron la Superintendencia de Industria y Comercio y la misma Creg; desde finales de 2025 está en manos de la Presidencia y del Ministerio de Minas, pero estos no la han llevado a las sesiones de la Creg lo que ha permitido que le sigan cobrando la sobretasa de comercialización a cerca de tres millones de usuarios de Air-e y Afinia.

Aunque el régimen tarifario no ha desaparecido del todo como lo ordenó el magistrado Fandiño, la Comisión de Regulación de Energía y Gas reconoció que la Acción Popular de los personeros Alzate y Orozco, que obligó a tomar medidas regulatorias, ha permitido una rebaja sustancial en las tarifas de energía. Los efectos positivos de esa decisión fueron reconocidos en carta que la Creg les envió a Petro y Palma el 28 de noviembre de 2025 sobre la prórroga del régimen transitorio especial tarifario que estaba planeando el Gobierno Nacional.

En esa misiva, la Creg les dijo al Presidente y al Ministro: “(…) desde que se profirió la medida cautelar por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico, en el mes de agosto de 2024 a septiembre de 2025 el CU (Costo Unitario) en el mercado de comercialización de Air-e ha disminuido el 26%, pasando de 1.072 $/kWh a 795 $/kWh; mientras que el mercado de comercialización atendido por AFINIA esta reducción ha representado el 10 %, pasando de 1.007$/kWh a 906 $/kWh”.

Advertencia al Gobierno Nacional

En la comunicación, adicionalmente, la Creg le hizo ver al presidente Petro y al ministro Palma que si permitían la expedición de una resolución definitiva con la nueva metodología de comercialización “el régimen transitorio especial (…) dejaría de estar vigente”. Empero, el Gobierno Nacional ha sido renuente a llevar a cabo este acto de mero trámite que aliviaría definitivamente los bolsillos de los usuarios.

Al respecto, los personeros de Barranquilla y Santa Marta cuestionan que el Gobierno Nacional no sólo no permitió la eliminación total del régimen tarifario transitorio, sino que lo prorrogó, “en contravía a la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, cuando concedió la Acción Popular, en contravía de la resolución que la Creg tiene lista y en contravía de lo que ahora ratifica el Consejo de Estado, en un flagrante desacato a estas decisiones que determinaron que ese régimen es violatorio de los derechos colectivos de los usuarios”.

Sobre la prórroga del régimen especial, la Creg, en noviembre de 2025, les advirtió a Petro y a Palma: “la resolución ministerial, objeto de análisis, no sigue la senda ordenada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el sentido que el Ministerio de Minas y Energía y la Creg deben adelantar las actuaciones administrativas que tengan por objeto reducir las tarifas del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

En este sentido, implementar las medidas que ordena la resolución podrían ser calificadas por el Tribunal como un desacato a la orden judicial y anularía o mermaría los logros alcanzados en materia tarifaria para la región Caribe, producto de las medidas tomadas por la Comisión”.

Es decir, la Creg les dijo al Presidente y al Ministro de Minas y Energía que estaban frenando, metiéndole palos en la rueda, al proceso de reducción de las tarifas de energía que ordenó el Tribunal Administrativo del Atlántico.