La conectividad a internet de millones de colombianos se encuentra en un momento crítico tras la decisión de la empresa Andean Tower Partners Colombia (ATP) de dar por terminados, de manera unilateral, los contratos que soportan 419 sitios infraestructura clave del Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO), advirtió Azteca Comunicaciones Colombia.
De acuerdo con un comunicado emitido por Azteca Comunicaciones, la medida afecta principalmente a municipios y comunidades apartadas del país que no cuentan con otras alternativas de acceso a este servicio fundamental, sobre todo tras la emergencia por el terremoto que sacudió la semana pasada al país sudamericano.
Azteca Comunicaciones Colombia señaló que se vive un momento que exige solidaridad, responsabilidad y garantizar el acceso a servicios esenciales, por lo que utilizar la conectividad como herramienta de presión va directamente en contra de lo que necesitan los colombianos.
¿Por qué está en riesgo la conectividad de cientos de municipios en Colombia?
Proyecto Nacional de Fibra Óptica, operado por TV Azteca Colombia, constituye una infraestructura relevante para la conectividad del país, al llevar servicio de Internet a cientos de municipios, incluidos algunos de los más apartados y con menor oferta de comunicación.
Para mantener esta operación, la empresa utiliza infraestructura física de ATP, como torres y sitios donde se encuentran instalados los equipos necesarios para prestar el servicio.
Como parte de su proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, TV Azteca Colombia solicitó revisar y renegociar los contratos con ATP, al considerar que los cobros por el uso de la infraestructura están por encima de los valores de mercado.
La empresa también pidió que se protegiera la continuidad de la red mientras las autoridades resuelven la disputa. En este contexto, ATP notificó la terminación unilateral de los contratos correspondientes a 419 sitios y estableció como fecha límite el 22 de agosto para retirar los equipos.
El caso ha generado preocupación por las posibles consecuencias que tendría una interrupción de la red. En 2025, una afectación en estos sitios dejó sin conectividad a más de 65 municipios y a más de un millón de personas, con impacto en servicios como hospitales, escuelas, bancos, alcaldías y juzgados.
Por ello, la disputa no solo involucra el pago y las condiciones de contratos entre empresas, sino también la continuidad de una infraestructura de telecomunicaciones considerada estratégica para comunidades que dependen de ella para acceder a Internet y servicios esenciales.
