Acción de tutela busca evitar incrementos en las facturas de energía asociados al mayor consumo durante El Niño

Por medio de una tutela, la Personería Distrital de Santa Marta busca proteger los derechos fundamentales de los usuarios del servicio de energía eléctrica residentes en esta ciudad frente al nuevo esquema de incentivos y cobros adicionales establecido mediante la Resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas 101 120 del 30 de julio de 2026.

La acción contra la CREG y el Ministerio de Minas y Energía, fue presentada por el personero distrital, Edwar Fernando Orozco Oñate, y el abogado Andrés Eduardo Dewdney Montero, y cuestiona la aplicación de la medida en Santa Marta debido a que, según se expone en la tutela, el esquema regulatorio establece metas de consumo sin incorporar variables climáticas o regionales que reconozcan las condiciones particulares de las zonas de alta carga térmica, como la Región Caribe.

La resolución de la CREG estableció un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de la energía eléctrica durante situaciones de estrechez energética, baja hidrología o riesgo para la confiabilidad del suministro. El mecanismo contempla un esquema mediante el cual los usuarios que superen determinadas metas individuales de consumo pueden asumir cobros adicionales, mientras que quienes registren ahorros por debajo de la meta establecida pueden acceder a incentivos.

De acuerdo con la tutela, el programa se aplica automáticamente a los usuarios regulados que cumplen las condiciones establecidas, sin necesidad de inscripción o solicitud previa.

La temperatura, un factor que la regulación no contempla

Uno de los principales argumentos de la Personería es que la metodología para determinar la meta individual de consumo toma como referencia los consumos históricos de cada usuario, pero no incorpora variables como temperatura, humedad o grados-día de refrigeración.

Para la entidad, esta situación puede generar un trato desigual frente a usuarios que habitan en territorios con condiciones climáticas diferentes, debido a que en ciudades como Santa Marta el uso de ventiladores y sistemas de refrigeración está directamente relacionado con las altas temperaturas y con condiciones básicas de habitabilidad.

La acción advierte que el consumo de energía en la Región Caribe no puede analizarse bajo los mismos parámetros que en territorios con temperaturas significativamente menores, pues el uso de equipos de climatización puede estar asociado no solamente al confort, sino también a la protección de la salud, la conservación de alimentos y medicamentos, así como el descanso.

La Personería sostiene que la ausencia de criterios climáticos en la metodología podría afectar el derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación, además de comprometer derechos relacionados con la dignidad humana, el mínimo vital, la vida y la salud, en conexidad con el acceso efectivo al servicio público domiciliario de energía eléctrica.

¿Qué pide la Personería?

Entre las principales pretensiones de la acción constitucional se encuentra que se declare que la aplicación de la Resolución CREG 101 120 de 2026 en Santa Marta y la Región Caribe vulnera el derecho a la igualdad y desconoce el principio de neutralidad previsto en la Ley 143 de 1994.

Asimismo, solicita que se ordene la inaplicación de la resolución en el Distrito de Santa Marta, mediante la excepción de inconstitucionalidad y con efectos que puedan extenderse a los usuarios de la Región Caribe y otras zonas con alta carga térmica.

De prosperar esta solicitud, la Personería pide que Air-e S.A. E.S.P. se abstenga de liquidar, facturar y cobrar los valores adicionales contemplados en la resolución y que, cuando corresponda, se reversen o descuenten de las facturas los cobros que ya hayan sido causados y que no hayan sido pagados.

De manera subsidiaria, la entidad solicita a la CREG adoptar medidas menos restrictivas y establecer un esquema que tenga en cuenta las particularidades climáticas de cada región.

Entre las alternativas planteadas se encuentran el ajuste de las metas de consumo según variables como temperatura y humedad; la creación de una banda neutral diferenciada para territorios de alta carga térmica; el tratamiento especial del consumo asociado a equipos indispensables para la salud; y el establecimiento de metas diferenciadas por región climática.

También se propone que cualquier estrategia de reducción del consumo esté acompañada de programas de eficiencia energética, financiación o sustitución de equipos, para evitar que el cumplimiento de las metas dependa exclusivamente de que los usuarios reduzcan el uso de sistemas de ventilación o refrigeración necesarios para enfrentar las altas temperaturas.

La Personería solicitó además que, mientras se adoptan estas medidas, se suspenda la causación del cobro adicional para los usuarios del Distrito de Santa Marta.

Con esta acción, el Ministerio Público Distrital busca que las medidas destinadas a promover el ahorro energético sean implementadas bajo criterios de equidad, proporcionalidad y reconocimiento de las diferencias regionales, evitando que una regulación uniforme termine trasladando una carga económica desproporcionada a los usuarios de territorios donde las condiciones climáticas hacen indispensable un mayor consumo de energía.