De acuerdo a datos suministrados por el Departamento de Estadísticas Nacional, DANE, desde el programa Santa Marta Cómo Vamos, ha entregado algunos indicadores que buscan dar cuenta de la real condición de la niñez samaria en materia de su bienestar integral.
Trabajo infantil
En materia de mercado laboral, el trabajo infantil se entiende como aquella población entre los 5 y 17 años que trabajan con respecto a la población total en ese grupo de edad. Así las cosas, Santa Marta se ubica como la sexta entre las 23 ciudades capitales y sus áreas metropolitanas con la tasa de trabajo infantil más alta (1,7%), por encima de capitales como Riohacha (1,1%) y Quibdó (0.7%) ver gráfico 1. Para el periodo de referencia de los 120.006 niños, niñas y adolescentes en la ciudad representan el 21.7% de la población total, cerca de 2.040 menores se encontraban trabajando con o sin remuneración.
Educación
En materia educativa, según cifras suministradas por la Secretaría de Educación Distrital durante el 2022 desertaron 7.061 niños de los cuales 4.298 son de los niveles de transición y primaria (Entre 5 y 10 años) lo cual indica que se presentó un aumento en un 274% respecto al 2021 cuando fueron 1.888 estudiantes en los colegios oficiales y no oficiales de la ciudad.
Defunciones
Según el DANE para el 2022 fallecieron 175 menores entre los 0 y 14 años, donde la principal causa estuvo asociada a malformaciones congénitas (17.1%), en segundo lugar, la infección respiratoria aguda – IRA (6.2%) y en tercer lugar con 10 casos los fallecimientos por desnutrición en menores entre 0 y 14 años (5.7%).
Embarazo adolescente
Para el 2022 según datos del DANE nacieron 8.058 niños y niñas de los cuales 36 se presentaron en madres entre los 10 y 14 años donde el 38.8% estaban cursando algún grado de la básica primaria. Un caso más respecto al 2021 cuando el número de casos fue de 35. En total, durante los últimos 3 años se han presentado 122 casos de embarazos en niñas entre los 10 y 14 años.
Violencia
En cuanto a violencia intrafamiliar y la violencia interpersonal, los casos de violencia a niños, niñas y adolescentes ha venido en aumento durante los últimos 3 años. Según cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Santa Marta, para el último año 61 menores fueron víctimas de este delito, 8 más respecto al 2021 y 16 casos más respecto al 2020. Además, según el Registro Único de Víctimas a corte del 31 de diciembre de 2022 en la ciudad había 114.552 víctimas del conflicto armado de los cuales 22.208 eran niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años, representando el 19.3% de la población víctima del conflicto.
Recomendaciones
Según la ley 1098 de 2006 que contempla el código de infancia y adolescencia, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente. La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad del ser humano. Si bien existe un consenso generalizado en torno a la importancia de construir y asegurar políticas que fortalezcan el desarrollo de la primera infancia, la disparidad socioeconómica en la que nace crece y se desarrolla la niñez samaria termina por generar grandes brechas que entre la norma y la práctica efectiva de sus derechos vemos como los desafíos a los que se enfrentan ponen en riesgo su bienestar y el de las futuras generaciones.
Desde el programa Santa Marta Cómo Vamos recomendamos abordar integralmente todas las dimensiones involucradas con un enfoque de equidad y con perspectiva de género a través de planes operativos y metas concretas como lo es el programa “Buen Comienzo” implementado en la ciudad de Medellín donde desde la gestación se brinda acompañamiento en salud, nutrición, atención psicosocial y estimulación adecuada, configurándose como un compromiso de todos los actores gubernamentales e institucionales. Finalmente, insistimos en que esta situación demanda la atención de todos los sectores y actores del orden nacional y regional de cara a tomar medidas de protección frente a la vulneración de los derechos de nuestros menores.
