Contraloría cuestiona resultados de la Política Integral Migratoria durante el período 2018 – 2021

Un estudio de la Contraloría General de la República concluyó que, aunque el modelo colombiano ha sido un paradigma a nivel regional en la atención de la población migrante venezolana, existen debilidades en la formulación de estrategias y planes en los otros flujos migratorios.

En el análisis realizado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, se evaluaron los resultados de la gestión realizada por las entidades del gobierno nacional para la atención y control del flujo de migrantes que afectó al país en el periodo 2018-2021 y se validaron si las estrategias y programas implementados fueron adecuadas para su atención de manera oportuna, integral y con enfoque de derechos humanos.

Los flujos migratorios contemplados fueron: la población migrante proveniente de Venezuela, migrantes en tránsito, colombianos retornados y colombianos en el exterior. Las entidades evaluadas a nivel nacional fueron el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, Presidencia de la República y la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional -APC.

A nivel territorial, se encuestaron los diez municipios que tuvieron la mayor recepción de población migrante en el período objeto de estudio, con el propósito de analizar los resultados a nivel territorial y la coordinación Nación – Territorio de la política. La muestra estuvo conformada por: Bogotá, Barranquilla, San José de Cúcuta, Ipiales, Cali, Medellín, Maicao, Cartagena, Bucaramanga y Pasto.

Dinámicas migratorias

Las dinámicas migratorias a nivel mundial se han modificado debido a las crisis políticas y económicas, fenómenos naturales, conflictos armados, entre otros. Colombia no fue la excepción, y a partir de 2015 se agudizó el fenómeno migratorio, especialmente desde Venezuela, que obligó al Estado a realizar esfuerzos fiscales para atender las necesidades prioritarias y rediseñar la política migratoria.

A propósito, el flujo migratorio proveniente de Venezuela, según el Conpes 3950 de 2018, se estimaba en 1.032.000 migrantes. No obstante, estas proyecciones se sobrepasaron, y como muestra de ello, a octubre de 2022, se encontraban inscritas 2.468.786 personas en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV).

Respecto al flujo migratorio en tránsito, se registraron 1.454.116 viajeros en los Puestos de Control Migratorio, que ingresaron y salieron del país, manifestando que su estancia en Colombia tenía como propósito dirigirse hacia un tercer destino. Sin embargo, según información de Migración Colombia, se detectaron 135.555 extranjeros que ingresaron al país de manera irregular relacionados con el tráfico de migrantes, en su mayoría originarios de Haití, Cuba, Asia y África.

En relación con los colombianos Retornados se tramitaron a través de la Comisión Intersectorial para el Retorno 28.190 solicitudes y en cuanto a la población colombiana en el exterior a 2020 ascendía a 5.499.220.

Ejecución presupuestal

Para asistir a estos flujos migratorios, durante el período 2018-2021, se ejecutaron recursos por $2,72 billones del Presupuesto General de la Nación en desarrollo de la Política Integral Migratoria, de los cuales el 99,10% se concentró para la población procedente de Venezuela.

Respecto a los $743.308 millones apropiados mediante el Conpes 3950 de 2018 (vigente hasta 2021) para la atención de la población migrante proveniente de Venezuela, se ejecutaron $648.064 millones en 12 entidades (de las 19 responsables). Llama la atención que en el ICBF se concentró el 85,90% de estos recursos, de los cuales se dirigieron $598.681 millones (80,5%) a una sola acción para brindar atención en las modalidades de apoyo y fortalecimiento a familias con niños, niñas y adolescentes migrantes desde Venezuela que lo requirieron. Mientras que, se apropiaron menores recursos para la atención de las necesidades prioritarias en los sectores de salud, educación y vivienda.

Para los Colombianos Retornados, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Programa Política Migratoria y Servicio al Ciudadano, ejecutó $4.693 millones. Sin embargo, debido a las medidas decretadas para atender la emergencia del Covid-19, en el 2020 se observó una disminución en la asignación de los recursos en 81,73% respecto al 2019, y en 2021, la ejecución del presupuesto fue solamente del 20,70%.

En relación con los colombianos en el exterior, el Ministerio ejecutó $19.837 millones, a través de los proyectos de inversión “Fortalecimiento de la oferta institucional para la vinculación y atención de los colombianos en el exterior – nacional” ($14.028 millones) y “Fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores para la atención de las víctimas en el exterior” ($5.809 millones).

En cuanto a la migración en tránsito, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó actividades de articulación regional para su atención, no suministró las cifras de los recursos destinados para su ejecución. Por su parte, Migración Colombia precisó que su presupuesto era transversal a todas las necesidades de la entidad, sin definir una partida específica para atender este flujo.

También en desarrollo de la Política Integral de Migración, el Gobierno Nacional transfirió $609.372 millones a los entes territoriales para la atención de urgencias en salud de la población migrante, pero fueron insuficientes por la alta demanda de migrantes y la complejidad de estos servicios.

En lo atinente a los recursos provenientes de la cooperación internacional no reembolsables para la atención de la población migratoria, la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional APC-Colombia registró aportes por USD$1.144 millones, equivalente a $4,6 billones (a 31 de diciembre de 2021, la TRM cerró en $3.981,16.).

Principales conclusiones

 A nivel central, se observó que las erogaciones fiscales fueron insuficientes y existió una débil coordinación y apoyo a los territorios para afrontar este fenómeno. Pese a que el gobierno gestionó la asistencia de cooperación internacional para solventar la crisis humanitaria, no se recibió en la cuantía ofrecida por los países donantes y cooperantes, hecho que afectó la atención oportuna de esta población.

Los aportes internacionales no fueron sujetos de seguimiento financiero por parte de APC-Colombia, lo que no permitió identificar el destino, beneficiarios e impacto de su ejecución. De igual manera, se evidenció la falta de un sistema de información que consolidara la ejecución de los recursos destinados por todas las fuentes de financiación.

*A nivel territorial, de acuerdo con las afirmaciones de los municipios encuestados, el presupuesto asignado fue insuficiente para atender las necesidades de los flujos migratorios, toda vez que debieron utilizar recursos propios para su atención prioritaria. Aunque los Planes de Desarrollo Locales incluyeron la problemática de la población migrante, no se pudo identificar el gasto pormenorizado, en razón a que las partidas presupuestales se registraron de manera global.

*La caracterización realizada por el Gobierno Nacional sobre los flujos migratorios analizados fue limitada para identificar el cúmulo de necesidades prioritarias que padecía esta población. Respecto a los migrantes provenientes de Venezuela, a corte 2021, se concentraba en variables sociodemográficas y no integraba la información intersectorial y territorial sobre atenciones y necesidades en aspectos como inclusión laboral, vivienda, salud, educación, entre otros aspectos.

*En relación con la migración en tránsito, las caracterizaciones realizadas fueron esporádicas y no estaban institucionalizadas. Adicionalmente, se evidenció un subregistro de esta población, al igual que de los colombianos retornados, los cuales no estaban registrados en el Registro Único de Retorno, lo que dificultó su atención. En el caso de los colombianos en el exterior, los medios virtuales para adelantar su caracterización no fueron fortalecidos, ni ampliamente divulgados.