A través de un comunicado de prensa, la multinacional Drummond, se pronunció en relación con la información que ha circulado sobre las declaraciones de Jairo de Jesús Charris a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El Comunicado dice textualmente lo siguiente: Drummond Ltd. es contundente en afirmar:
· Lo que hay contra Drummond Ltd. es un cartel de falsos testigos, promovido por abogados estadounidenses y colombianos, que pretendían enriquecerse demandando a la compañía en Estados Unidos, pero no lo lograron. Lo que sí han logrado es que esos paramilitares repitan sus mentiras ante la Fiscalía, y ahora ante la JEP.
- Jairo de Jesús Charris miente al señalar a Drummond Ltd. y a sus directivos de tener relación con homicidios perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Miente para beneficiarse a sí mismo. Primero, recibió pagos sustanciales de abogados que intentaban ganar dinero en una demanda en los Estados Unidos. El juez de EE.UU. que revisó la evidencia de esos pagos encontró que podían calificarse como “soborno de testigos y perjurio por soborno”. Ahora, Charris está contándole sus mentiras a la JEP para que le conceda la libertad.
- Charris trató de extorsionar a Drummond, y, a raíz de la denuncia que se interpuso por esos hechos y la colaboración que se le brindó a la Fiscalía, las autoridades pudieron encontrar a Charris en el lugar en que se ocultaba, y, de esa forma, fue capturado. Es evidente entonces la esperable animadversión y deseo de revancha de este sujeto contra Drummond Ltd. y sus directivos.
- Los abogados que realizaron los pagos a Charris pretendían ganar las demandas que interpusieron en Estados Unidos contra Drummond Ltd. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, ya que los jurados y jueces estadounidenses no han creído sus falsas afirmaciones y las han desestimado en todos los juicios.
- Las pruebas incluyen correos electrónicos, comprobantes de transferencias bancarias realizadas periódicamente durante más de tres años y medio a Charris y su familia, por valores que oscilan entre un millón y medio y tres millones de pesos. Charris y su familia recibieron más de 60 millones de pesos.
- Drummond denunció ante la Fiscalía a varios paramilitares y sus aliados, que han declarado falsamente en procesos penales a cambio de dinero y dádivas.
- Igual que ocurrió con Charris, hasta 2011, Jaime Blanco Maya, excontratista de alimentos en las minas de Drummond, había dado tres declaraciones a las autoridades investigadoras, afirmando que ni Drummond ni sus ejecutivos habían tenido relación alguna con grupos paramilitares. Sin embargo, Blanco recibió pagos por más de $120 millones de pesos y, desde entonces, modificó su declaración para involucrar a Drummond y sus ejecutivos en supuestas alianzas con grupos paramilitares. De hecho, Blanco se negó a firmar una declaración cambiando su historia mientras no hubiera recibido el dinero.
- Todas estas pruebas han sido entregadas a la unidad de Falsos Testigos de la Fiscalía General de la Nación.
· La JEP ha sido utilizada indebidamente por Blanco, quien había sido condenado por la justicia ordinaria por el delito de homicidio en contra de integrantes del sindicato de Sintramienergética. Buscando beneficios económicos y judiciales, Blanco ha dado información falsa a las autoridades después de haber recibido importantes sumas de dinero, como se mencionó, por parte de abogados estadounidenses y otros. Ante esta jurisdicción, la empresa Drummond también ha presentado múltiples documentos en ocho oportunidades desde el año 2021, para demostrar la falsedad de las afirmaciones realizadas en contra suya y de sus directivos, pero hasta la fecha la JEP no se ha pronunciado.
- Las mentiras de Blanco y Charris constituyen fraudes procesales para obtener beneficios personales, como retaliación porque Drummond no ha accedido a las exigencias económicas ilegales de quienes falsamente han declarado ante las autoridades.
Drummond Ltd. reitera que no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley, independientemente de su origen. Desde el inicio de sus operaciones en Colombia, a finales de la década de los 80, la compañía se ha ceñido a las leyes que rigen el país, y ha adoptado los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, así como los Principios Rectores de las Naciones Unidas en Empresa y Derechos Humanos.
La compañía continuará colaborando con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones que se adelantan, demostrando su inocencia como compañía y la de sus ejecutivos ante las acusaciones anteriormente referidas.
