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Gobierno establece nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores
Según Adesco, el nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado publicado hoy por la CRA impactaría a 188 grandes prestadores que atienden a más de 34 millones de habitantes en el país.
El Gobierno nacional anunció la expedición de un nuevo marco tarifario para los grandes prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en Colombia. La regulación quedó establecida mediante la Resolución CRA 1032 del 24 de marzo de 2026 y aplicará a empresas que atienden a más de 5.000 suscriptores, ubicados principalmente en zonas urbanas.
Según el comunicado oficial, la metodología tarifaria busca establecer reglas para la determinación de tarifas para cerca de 30 millones de usuarios del país y orientar la prestación de estos servicios en los próximos años.
El Gobierno señaló que el nuevo esquema mantiene el principio de suficiencia financiera de los prestadores y plantea un enfoque que prioriza a los usuarios en la estructura del sistema tarifario.
Una falsa promesa de reducción de tarifas: Andesco
En el marco de la publicación del nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado aplicable a prestadores con más de 5.000 usuarios, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, alerta sobre los riesgos que podría generar su implementación en las condiciones actuales, tanto para la sostenibilidad de las empresas como para los usuarios.
Si bien el país requiere una regulación moderna, sólida y orientada a la sostenibilidad, el gremio manifiesta su preocupación por la forma en que se ha adelantado el proceso. En particular, sobre la incorporación de cambios estructurales entre la versión publicada para participación ciudadana y la remitida posteriormente a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), lo que limita la efectividad del proceso participativo y genera incertidumbre en el sector puesto que el contenido definitivo de la regulación es diferente en aspectos sustanciales al texto sobre el cual los agentes y la ciudadanía tuvieron oportunidad de pronunciarse. En una decisión de esta magnitud, la participación no puede ser solo formal: debe recaer sobre la versión que realmente será adoptada.
Asimismo, se advierte sobre la alarmante ausencia de un período de transición adecuado. La propuesta prevé su entrada en vigencia el 1 de julio de 2026, pese a que su implementación exige la realización de estudios tarifarios, la estructuración de planes de inversión, la adecuación de sistemas de información, realizar validaciones técnicas y la articulación de actuaciones con autoridades territoriales, lo que en la práctica podría traducirse en condiciones de cumplimiento inviables para los prestadores. Lo anterior teniendo en cuenta que en procesos anteriores la discusión de los marcos se demoró aproximadamente un año y su implementación se dio en tiempos de 6 a 11 meses.
También se tienen inquietudes frente a los efectos que tendría el nuevo marco en las tarifas. Aunque según lo publicado se pretende bajarlas, los análisis realizados indican que las nuevas obligaciones asociadas a inversiones ambientales y gestión del riesgo, la formulación e implementación de planes y la imposición de un estándar de reducción de pérdidas con cálculos errados implicará altas inversiones que generarían presiones al alza de las mismas. Además, sobre estos puntos no se ha demostrado suficientemente viabilidad en todos los territorios.
En este contexto, el gremio hace un llamado a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para revisar de manera integral las condiciones de implementación del nuevo marco tarifario publicado hoy, garantizando un proceso transparente, técnicamente sustentado y con tiempos adecuados de transición.
Finalmente, desde la Asociación se reitera que una regulación bien diseñada fortalece la adecuada prestación de los servicios públicos para todos los colombianos, mientras que decisiones apresuradas o incompletas pueden generar incertidumbre, afectar la planeación y ejecución de las empresas y trasladar impactos negativos a los usuarios que podrían ver afectado el servicio.
