Ley de Víctimas: Gobierno instala comisión que garantiza recursos para atención de 9,9 millones de personas

Representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, comunidades étnicas, gremios y entidades territoriales y del Gobierno se reunieron este martes en el Congreso en torno al que consideraron como un hito en la reparación de las más de 9,9 millones de víctimas del conflicto armado en el país: la instalación de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, este órgano interinstitucional fue convocado por la Unidad para las Víctimas y el Departamento para la Prosperidad Social como cabeza del sector social. El objetivo es brindar claridad a los colombianos afectados por el conflicto armado sobre su asistencia, atención y reparación por medio de nuevas fuentes y mecanismos de financiación para la implementación integral de la Ley 2421 de 2024, que reformó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y cuyo costeo hasta 2031 supera los 161,18 billones de pesos, según estimaciones del Departamento Nacional de Planeación.

La directora (e) de Prosperidad Social, Carolina Hoyos Villamil, recordó que el país sigue en deuda con las víctimas del conflicto armado. “Garantizar sus derechos es un compromiso impostergable. Este paso que damos hoy es un reconocimiento histórico a todo el proceso y a la lucha que han encabezado las propias víctimas”, dijo.

Durante la instalación, se destacó que desde 2011 se han invertido alrededor de 13,3 billones de pesos en la reparación integral de las víctimas. Pero esta cifra no ha sido suficiente: sólo ha cubierto el 17 % de las 9,9 millones de víctimas reconocidas en el Registro Único de Víctimas (RUV); entre ellas, más de 8,8 millones fueron desplazadas, más de un millón ha sido víctima de homicidio y cientos de miles han sufrido violencia sexual, desapariciones forzadas, tortura o reclutamiento forzado.

“En articulación con entidades del Estado, revisaremos periódicamente los avances, adaptándonos a las realidades financieras para sacar adelante esta Comisión y defender los derechos de las víctimas”, agregó Hoyos.

El director de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero Polanco, aseguró: “La paz no se decreta, se financia. No hay justicia sin voluntad y no hay voluntad sin compromiso presupuestal para atender integralmente a las víctimas de Colombia. Nuestra tarea desde esta comisión es resolver qué debemos hacer para garantizar que el 83 % restante de las víctimas también reciba verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esto no puede ser un ejercicio superficial ni burocrático. Se trata de un acto de Estado. Un ejercicio rigurosamente técnico, pero también profundamente ético y político que representa el compromiso con las víctimas del conflicto armado”.

Romero Polanco señaló que la reparación integral de las víctimas es el medio para alcanzar un mejor país y la mejor inversión como apuesta social. Calificó la instalación de esta Comisión como un hito. Con esta instancia, dijo, el Gobierno podrá determinar el origen de los recursos para financiar de manera efectiva y sostenible la implementación de la Ley 2421 de 2024, reconociendo a su vez la necesidad de avanzar hacia soluciones duraderas que garanticen a las víctimas la verdad, justicia, reparación y no repetición.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, celebró la instalación de la comisión, en tanto señaló que los recursos disponibles, así como el nuevo plazo de la Ley de Víctimas, son insuficientes para cubrir la magnitud de los derechos de las víctimas en toda su dimensión. “Los cálculos realizados por la Contraloría General de la República estiman que se requieren 303,9 billones constantes de 2024 para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación integral contempladas en la Ley 1448 de 2011 entre 2024 y 2031”, destacó.

Con la instalación de la Comisión de Financiamiento, el Gobierno nacional da un paso estructural hacia la viabilidad real de la política pública de víctimas. Esta instancia, cuya Secretaría Técnica recae en la Unidad para las Víctimas, tiene como principal función calcular con rigurosidad el costo acumulado de la deuda histórica del Estado con las víctimas del conflicto armado. Se trata de superar el rezago presupuestal que ha frenado durante años el cumplimiento efectivo de los derechos contemplados en la Ley de Víctimas.

La Comisión deberá diseñar las rutas para financiar dicha política, concertando con las entidades del orden nacional y territorial los compromisos presupuestales que cada una debe asumir. En ese sentido, la articulación liderada desde esta instancia permitirá convocar a todos los actores del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), para proyectar soluciones concretas y sostenibles.

Esta nueva instancia quedó conformada por la Unidad para las Víctimas, Prosperidad Social, los ministerios de Hacienda e Igualdad, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, el Ministerio Público (Defensoría del Pueblo, Procuraduría General y personerías), entre otras entidades. También participaron de manera activa representantes de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, comunidades étnicas, y representantes de las entidades del SNARIV.

El evento cerró con la firma del Acuerdo de Instalación de la Comisión, en el que las entidades participantes se comprometieron a construir, de forma técnica, transparente y participativa, el modelo de financiación que responderá a las necesidades reales de las víctimas y a los desafíos territoriales para implementar la política pública.

Tras la instalación, la Comisión sesionará de manera ordinaria cada dos meses y podrá ser convocada de forma extraordinaria cuando así lo solicite su presidencia o el Presidente de la República. La Secretaría Técnica será la encargada de realizar las convocatorias con al menos diez días hábiles de antelación. Para sesionar, se requerirá al menos la mitad más uno de sus integrantes; y para aprobar recomendaciones, se exigirá el voto favorable de las dos terceras partes.

Con la convocatoria de esta instancia, la Unidad para las Víctimas cumplió con el compromiso que asumió como un acto de respuesta a los colombianos afectados por el conflicto para avanzar en la implementación efectiva de la Ley de Víctimas, y reafirmó su apuesta por una reparación integral de las víctimas como componente esencial en la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia.