Más de 240 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes de las poblaciones más vulnerables del país no están recibiendo alimentos del PAE: Contraloría

Alrededor de 240.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes, estudiantes de colegios públicos no están recibiendo el servicio de alimentación escolar en lo corrido del Calendario Académico de la vigencia 2023, identificó la Contraloría General de la República en el marco del especial seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, que realiza a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y en articulación con el Ministerio de Educación Nacional y su Unidad “Alimentos Para Aprender” (UApA).

Durante las visitas realizadas por los equipos de la CGR, junto a las comunidades académicas, se verificó que 2 ETC (Yopal y Buenaventura) luego de 3 meses de calendario escolar no han iniciado con la entrega de alimentación escolar afectando a 60.648 niños, teniendo recursos asignados por más de $ 18.000 millones según Resolución No. 359 diciembre 7 de 2022.

La ETC de Yopal inició calendario escolar el pasado 23 de enero y al corte de este boletín continua sin la prestación del servicio de alimentación escolar, afectando a 15.648 estudiantes.

En el caso de la ETC Buenaventura, durante una visita realizada por parte del equipo de seguimiento de la CGR al PAE se encontró que alrededor de 45.000 estudiantes mayoritariamente afrocolombianos (70%) de esta Entidad Territorial Certificada (ETC) siguen sin recibir la primera ración en lo que va del año. Esta situación también afecta a la población indígena de dicho territorio, ya que son más de 900 estudiantes que aún no reciben alimentación escolar.

Preocupa el caso de la ETC Magdalena que inició atención con el contrato de la vigencia 2022 y suspendió operación desde el 21 de marzo, pese a tener asignados para la operación de este año $ 18.992.181.60. Vale recordar que durante el período anterior reportó inicio para el PAE mayoritario sólo hasta el 3 de octubre, disponiendo de más de 32 mil millones de pesos. Actualmente son 138.621 mil niños del departamento los que se están viendo nuevamente se ven afectados. 

Servicio de manera parcial

De acuerdo a la información suministrada por la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) se reporta inicio parcial en 5 ETC (Antioquia, Boyacá, Córdoba, La Guajira y Vaupés).

Para el caso de la ETC de Vaupés, desde la CGR se prenden las alarmas, toda vez que a través de la Estrategia de Seguimiento al PAE se ha identificado que 3.648 niños, niñas y adolescentes del departamento, de la zona urbana de los municipios de Mitú, Carurú y Tarara, quedaran sin el Complemento Nutricional, debido a que la Entidad Territorial que administra los recursos ha decidido dar cumplimiento de las Resoluciones 18858 de 2018 y 0335de 2021, en el sentido de priorizar y focalizar a los estudiantes de la zona rural, señalando por lo tanto que los recursos son insuficientes para continuar con la prestación de dicho servicio en la zona urbana para la vigencia 2023.

Dicha situación vulnera el Derecho de los niños, especialmente de Grado Preescolar, quienes son sujetos de especial Protección Constitucional, dejando en riesgo a dicha población, especialmente porque en esta zona aislada del país, y por las condiciones de pobreza, dicho complemento nutricional es el único alimento que muchos de ellos reciben en el día.

“Llama la atención de la Contraloría el caso de Vaupés, dado que hemos podido evidenciar que, para este 2023, las Instituciones Educativas ubicadas en el casco urbano de Mitú no serían priorizadas con este programa”, enfatizó la Contralora Delegada para la Participación Ciudadana, Alexandra Rodríguez.

Posibles riesgos por suspensión del servicio

La Contraloría realizará especial seguimiento a 6 ETC (Chocó, Córdoba, Neiva, Girón, Sincelejo y Vichada), que tienen riesgo de suspensión durante este mes de abril debido a que los procesos contractuales próximamente culminaran y a la fecha no han adjudicado nuevo contrato que permita garantizar la continuidad del servicio.

“Desde la Contraloría General de la República, hemos venido realizando múltiples llamados de atención sobre los principios de planeación que se tienen que abordar en la contratación del PAE en el territorio nacional a aquellas Entidades Territoriales Certificadas que ejecutan el PAE, para que no se llegue a una suspensión y, por el contrario, con la debida planeación se garantice el servicio durante todo calendario académico, desde el primer día, sin interrupción, como se determina en la Ley 2167 de 2021”, subrayó la Delegada de Participación Ciudadana.

En ese sentido, las entidades territoriales certificadas deberán adelantar la planeación con tiempo suficiente, así como los trámites administrativos, contractuales y presupuestales necesarios para lograr que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar y no se afecten a aproximadamente 218.233 estudiantes de 6 ETC durante este mes de abril, añadió.

Un caso particular se presenta en la Entidad Territorial Certificada de Medellín en la que, de acuerdo a la información reportada por la UApA, de los 220 mil estudiantes beneficiarios del PAE son registrados en SIMAT por esta ETC 56.956 que corresponden a la estrategia Vaso de Leche, que no es una modalidad del Programa de Alimentación Escolar-

Próximas actuaciones de la CGR 

En el marco del Control Preventivo, desde la delegada para la participación ciudadana y su equipo de seguimiento, con el fin de continuar el proceso de seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE), se proyecta realizar visitas a las Entidades Territoriales Certificadas en el territorio nacional, y a instituciones educativas/sedes donde se ejecuta el programa, recolectando información a través de la aplicación de un cuestionario in situ y observación documental.

Y en cuanto a los recursos públicos con los que cuenta el programa, se realizará seguimiento a los criterios de planeación, priorización y focalización, para que se dé la correcta prestación del servicio y sean ejecutados de tal manera que, bajo los lineamientos establecidos, los complementos alimenticios lleguen a los niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan. Se busca así brindar una radiografía sobre la ejecución de los recursos, la implementación de los lineamientos vigentes y la verificación del control social a la operación del PAE.

Una vez sean identificados estos incumplimientos podrán emitirse advertencias y alertas tempranas ante un posible riesgo de afectación o pérdida de los recursos públicos, que sirve de insumo al ejercicio del control fiscal.

De igual manera se continuará con el trabajo articulado que se viene realizando con la Unidad “Alimentos Para Aprender” (UApA), el cual ha permitido no solo identificar las ETC con los mayores incumplimientos a los lineamientos del PAE, con fallas en la oportunidad, cobertura, calidad, logística, sino generar acciones en conjunto a fin de hallar soluciones a las deficiencias encontradas para que lleguen los alimentos correctamente a los estudiantes.

Llamado de la Contraloría 

La Contraloría General de la República hace un llamado a las 97 ETC, para que para que atiendan y dispongan los equipos y los recursos necesarios para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) como es debido, siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional para que reciban su alimentación los más de 6 millones de estudiantes beneficiarios proyectados para la vigencia 2023.

La alimentación escolar buscar contribuir con la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo oficial, por lo que su correcta ejecución se convierte en una prioridad del Control Fiscal con sus competencias Preventivas y Concomitantes. 

Si bien la pandemia obligó a realizar entrega de alimentos industrializados a los beneficiarios del PAE por un periodo de tiempo, hoy los lineamientos han determinado como modalidad preferente que a los niños se les brinde alimentos preparados en sitio, es decir que cumplan con aspectos nutricionales más completos, para garantizar así las mejores condiciones en la prestación de este servicio para los niños, niñas y adolescentes del país.