ONU presenta informe temático sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia (2022-2025)
La ONU presentó el informe temático sobre la situación de personas defensoras de derechos en Colombia y la vulneración de sus derechos desde el año 2022 hasta el año 2025.
Este informe busca contribuir a abordar una tragedia que azota a Colombia desde hace mucho tiempo: una tasa inaceptable de asesinatos y violencia contra quienes defienden los derechos humanos.
Durante más de diez años, Colombia ha sido uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos de diferentes comunidades.
Las personas defensoras se han visto gravemente afectadas por defender los derechos a la vida, a la dignidad, al medio ambiente sano, al territorio, a la tierra, a la libertad de expresión, a la seguridad, o al derecho de la niñez a no ser reclutada por grupos armados no estatales.
También las personas que defienden los derechos de la población LGBIQ+, y, en particular, las personas trans que defienden sus derechos sufren grados altos e inaceptables de violencia en su contra.
Las personas defensoras de derechos humanos durante muchos años en Colombia, nos han dicho que “defender los derechos humanos no debería costarles su vida”, y nosotros trabajamos para que esto no sea así.
Informe Temático
Este informe temático sobre personas defensoras analiza las brechas y los avances para revertir una situación muy grave de vulneraciones y violencia, y propone una serie de recomendaciones urgentes para la consolidación de logros, por parte del actual Gobierno, y del Estado.
Las recomendaciones del informe también ofrecen una oportunidad y un camino claro para el próximo Gobierno que se posesionará en agosto de 2026.
El próximo gobierno podrá aprovechar el progreso en las políticas realizadas durante los últimos cuatro años y tomar medidas concretas para mejorar la protección y la cruda realidad que hoy viven las personas defensoras de los derechos humanos.
Este informe temático identifica también los retos estructurales que explican por qué no hay soluciones fáciles y a corto plazo.
En nuestro análisis destacamos como positivo:
Primero Que el Gobierno actual reconoce y prioriza el problema de la violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos.
Segundo Que el Gobierno reanudó y mantiene un diálogo constante con organizaciones y movimientos sociales, promoviendo acciones de prevención y una respuesta inmediata.
Tercero Que el Gobierno articula una política integral de garantías para las personas defensoras.
Cuarto Reconocemos también la apertura del Gobierno para trabajar con nuestra Oficina, escuchar nuestro diagnóstico sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y adoptar acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones y a la asesoría técnica brindada por ONU Derechos Humanos.
No se ha logrado revertir la situación
A pesar de estos aspectos positivos, el Estado en su conjunto no ha logrado revertir las tendencias y patrones de violencia, ni superar los obstáculos para garantizar una protección integral y sostenida a las personas defensoras de derechos humanos.
Las respuestas estatales en términos de prevención y protección siguen siendo fragmentadas sin una eficaz coordinación entre el nivel nacional, departamental y municipal.
El nivel municipal continúa siendo el eslabón más frágil del sistema de garantías de protección, con limitada capacidad técnica y financiera para adoptar acciones efectivas.
Por lo general, las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo no logran traducirse en respuestas operativas suficientes, y el control disciplinario frente a omisiones en la protección sigue siendo limitado, especialmente en contextos locales donde la institucionalidad es más precaria.
Última década
Durante al menos la última década, y con antecedentes documentados desde años previos al Acuerdo de Paz de 2016, la violencia contra personas defensoras en Colombia se ha configurado como un fenómeno persistente y estructural.
Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, ONU Derechos Humanos identificó un aumento progresivo en el número de homicidios de personas defensoras relacionado particularmente con disputas por parte de actores armados no estatales en aquellos territorios que fueron dejados por la antigua guerrilla de las FARC-EP y en los que el Estado no logró sostener una presencia integral para proteger a las comunidades e impulsar un desarrollo equitativo e inclusivo.
Entre 2016 y 2025, ONU Derechos Humanos documentó 972 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
Esta situación impacta de manera diferenciada y desproporcionada a Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y comunidades campesinas, Juntas de Acción Comunal, liderazgos ambientales, así como a mujeres defensoras y personas defensoras LGBTIQ+.
Factores estructurales
La violencia en contra de personas defensoras está vinculada a factores estructurales, como:
- la persistencia de conflictos armados en varias regiones del país;
- la participación de los actores armados no estatales y organizaciones criminales en las economías ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal de árboles o el tráfico de personas;
- la débil presencia de las instituciones del Estado en algunos territorios y su desarticulación en cuanto al cumplimiento de sus deberes de prevención y protección;
- los altos niveles de impunidad;
- la estigmatización de personas defensoras, por parte de algunos funcionarios públicos;
- y la falta de mecanismos efectivos para resolver los conflictos de tierras y socioambientales.
Cifras 2022 a 2025
Entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, ONU Derechos Humanos documentó 410 casos de homicidios de personas defensoras.
ONU Derechos Humanos encontró dentro de sus hallazgos que los perfiles y ámbitos de defensa que sufren mayores niveles de vulneración a sus derechos humanos son:
- autoridades, sabedores ancestrales y liderazgos de Pueblos Indígenas y de las comunidades afrodescendientes
- personas dignatarias de las Juntas de Acción Comunal,
- liderazgos campesinos,
- personas defensoras del medio ambiente,
- mujeres defensoras,
- personas defensoras LGBTIQ+,
- personas defensoras de derechos de los niños y las niñas,
- personeros y personeras municipales
Este patrón indica que la violencia se dirige principalmente:
-contra personas defensoras de base con alta incidencia en la organización social
-y con representación comunitaria,
-fundamentales para la cohesión social, la gobernanza y la transformación del territorio.
En este periodo, el homicidio de personas defensoras se mantuvo como un fenómeno extendido a nivel nacional.
ONU Derechos Humanos documentó casos en 28 departamentos y en 184 municipios.
Además, también documentó una concentración en el número de casos verificados en 10 departamentos, donde se centró el 76% del total de casos.
Los departamentos son:
- Cauca (84)
- Valle del Cauca (37)
- Nariño (36)
- Arauca (36)
- Putumayo (34)
- Norte de Santander (21)
- Antioquia (19)
- Bolívar (15)
- Chocó (14)
- y Guaviare (14)
Perpetradores
En cuanto a los presuntos perpetradores de los homicidios en contra de personas defensoras, de los 410 casos documentados en el periodo 2022 – 2025:
- el 73% podrían corresponder a actores armados no estatales
- el 8% a organizaciones criminales
- y el 11% ONU Derechos Humanos no pudo identificar a los presuntos responsables.
Nuestro análisis señala que los grupos armados no estatales generan una coerción violenta contra las autoridades, liderazgos o personas defensoras, con el fin de:
- tener control social e imponer normas de conducta.
- disputar el control con otro grupo
- Y consolidar su presencia
Ante la resistencia de las personas defensoras a cumplir con las normas o seguir las directrices de los grupos armados no estatales, estos grupos asesinan, atacan o amenazan a las personas defensoras para romper con los procesos organizativos y para enviar un mensaje de terror y miedo al resto de las personas que integran las comunidades.
Modelo de Protección
El modelo de protección, que recae de forma desproporcionada en la Unidad Nacional de Protección y que destina la mayor parte de los recursos a la seguridad individual, es insostenible.
Es necesario transitar a un modelo que integre la prevención y la protección, que priorice la protección colectiva, centrado en los procesos sociales que defienden derechos en los territorios y que integre plenamente los enfoques étnicos, de género y territoriales.
Lucha contra la impunidad
Pese a avances importantes en el modelo de investigación de homicidio de personas defensoras, la impunidad sigue siendo muy alta.
Recomendaciones al Actual Gobierno
Dada la gravedad de la situación que enfrentan las personas defensoras pensamos que en lo que resta de este Gobierno podría avanzarse en algunas recomendaciones que enumeraré a continuación:
- Adoptar la Política Nacional de Garantías para Personas Defensoras de Derechos Humanos e iniciar su implementación nacional y territorial.
- Vincular la implementación de esta Política con otras políticas claves, como las políticas de Seguridad, de Paz Total, y de Desmantelamiento de organizaciones criminales.
- Adoptar y poner en práctica el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos.
- Fortalecer la implementación del Plan de Acción de la Política Integral de Garantías para Mujeres Defensoras
- Poner en práctica la red institucional de protección de personas defensoras del derecho al medio ambiente.
- Garantizar que, en las mesas de negociación con grupos armados no estatales y diálogos socio-jurídicos con organizaciones criminales, se establezca como condición del diálogo la terminación de toda forma de violencia contra la población civil, incluyendo las personas defensoras, autoridades de Pueblos Indígenas, Comunidades afrodescendientes y líderes y lideresas campesinos y comunales.
- Continuar con el proceso para fortalecer el mecanismo de respuesta a las recomendaciones de las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
A la Fiscalía
- Seguir fortaleciendo la Unidad Especial de Investigación y el Grupo de Trabajo de Amenazas
- Avanzar en la investigación de patrones, estructuras criminales y determinadores, integrándose y priorizando la Política de desmantelamiento del fenómeno criminal.
A la Procuraduría
- Fortalecer los mecanismos de control disciplinario frente a omisiones institucionales, especialmente a nivel territorial.
- En coordinación con la Defensoría del Pueblo, adoptar las acciones para consolidar un sistema de responsabilidad institucional que genere incentivos reales para la protección de personas defensoras.
Al Congreso Nacional
- Discutir y aprobar el Proyecto de “Ley Estatutaria por medio de la cual se reconoce el derecho a defender derechos humanos y se establecen medidas para el respeto y la garantía de la labor de quienes los defienden”.
Las recomendaciones de este informe son también una hoja de ruta y una oportunidad para el próximo gobierno y, en ese sentido destaco las siguientes recomendaciones:
- Asignar a una institución estatal para coordinar y articular a todas las instituciones del Estado para garantizar el trabajo de las personas defensoras, esta institución debe contar con los recursos, competencias y el nivel jerárquico necesario para ejercer su labor.
- Garantizar la ejecución efectiva de la Política Nacional de Garantías de Personas Defensoras, el Plan de Acción del Programa Integral de Garantías para Mujeres Defensoras, el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y la Sentencia relevante de la Corte Constitucional.
- Combatir la estigmatización de personas defensoras mediante un decreto presidencial
- Incorporar el compromiso con la protección de la vida de personas defensoras en el Plan Nacional de Desarrollo
- Diseñar y desarrollar campañas públicas en contra de la estigmatización
- y continuar con la implementación de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso CAJAR.
- Responder a la orden de la Corte Constitucional y adoptar una estrategia de articulación y racionalización de la política pública de prevención.
- Continuar fortaleciendo los espacios de participación y diálogo con organizaciones sociales, Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y liderazgos comunitarios.
- Fortalecer la articulación de la Mesa Nacional de Garantías, las Mesas Territoriales y los subgrupos temáticos.
- Fortalecer la coordinación con alcaldías y gobernaciones, asegurando recursos suficientes para la ejecución de planes de prevención en el nivel local.
- Acelerar la implementación de la Política para el Desmantelamiento del fenómeno criminal consolidándola como una política de Estado y ampliando su impacto a diversos territorios.
- Asegurar que la Fuerza Pública articule de manera efectiva con la Unidad Nacional de Protección para asegurar la implementación de las medidas de protección colectiva.
- Seguir garantizando que las actuaciones de la Fuerza Pública se ajusten estrictamente a estándares internacionales de derechos humanos y al principio de no estigmatización de personas defensoras en línea con el enfoque de Seguridad Humana.
- Mantener la colaboración estrecha con ONU Derechos Humanos para integrar el monitoreo, asesoría y cooperación técnica de la Oficina en la estrategia para garantizar los derechos de las personas defensoras.
Las personas defensoras de derechos humanos son un pilar de la democracia y la mayor fuerza que tiene Colombia para construir un futuro en paz, y pleno en derechos para todas las personas.
Hay que parar los homicidios, la estigmatización y los ataques en su contra.
Este informe es una contribución en esta vía.
Les invito a leerlo completo y a poner en marcha las recomendaciones.
Finalizo con mi reconocimiento y respeto para las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, ustedes nos inspiran todos los días a continuar nuestro trabajo.
Nuestro compromiso es seguir acompañándolas y trabajando con el Estado para que su vida y sus derechos sean respetados.
