Editorial

Regular a los creadores de contenido en la red: Un reto actual que está asumiendo la Superintendencia de Industria y Comercio.

Mitigar los efectos de la desinformación y la publicidad engañosa que emana de los creadores de contenido, teniendo en cuenta su aporte actual a la economía del país, fue uno de los temas abordados en el foro “El valor del contenido digital: ¿Regular o impulsar?” organizado por la Universidad Externado de Colombia a inicios de junio, con la participación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Uno de los principales retos de la SIC, como autoridad nacional en materia de protección al Consumidor, es el de regular a las personas que producen y comparten material digital atractivo para una audiencia en materia de promoción de productos o publicidad. Esto, por cuanto se han registrado casos donde la desinformación y la publicidad engañosa han generado problemas a los consumidores de los productos o servicios ofertados.

Neyireth Briceño, directora de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC, afirmó, en este sentido, que “actualmente no existe una norma específica que regule a los creadores de contenido digital, sin perjuicio de la ley 1480 o Estatuto del Consumidor, que sí establece una regulación en materia publicitaria y una responsabilidad de cara a los consumidores”.

Se destacó, además, que la labor de los creadores de contenido aún carece de una regulación clara y enfrenta retos como la profesionalización, la fiscalización, la autorregulación, el impacto social y las garantías laborales.

Al respecto, David Valencia, gerente de país de Niubox, firma pionera en asesoría legal especializada en tecnología y negocios digitales, advirtió, sin embargo, que “hay bastantes guías tanto de gremios como de la misma Superintendencia, enfocados en establecer estándares para el contenido digital”.

No obstante, es importante señalar a los consumidores que tengan algún tipo de problema, en materia de publicidad en entornos digitales, que pueden acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, dado que existen mecanismos de protección contemplados en el Estatuto del Consumidor.

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