Tribunal Administrativo del Magdalena admite acción popular por riesgo de erosión en Guáimaro y ordena inspección judicial
La decisión busca proteger a la comunidad del corregimiento de Guáimaro, en Salamina, ante el peligro que representa la erosión del río Magdalena.
El Tribunal Administrativo del Magdalena admitió acción popular que busca proteger los derechos colectivos de los habitantes del corregimiento de Guáimaro, en el municipio de Salamina, ante el riesgo generado por la erosión del río Magdalena.
La demanda fue presentada por el ciudadano Gennys Alfonso Álvarez Navarro y advierte sobre la situación de amenaza que enfrenta la comunidad debido al avance de la erosión fluvial y a las fallas estructurales del terraplén o Jarillón que protege el corregimiento.
En el auto interlocutorio, el Tribunal consideró que existen elementos suficientes para evidenciar un inminente peligro de que ocurra un perjuicio irremediable, razón por la cual decidió admitir la acción popular y avanzar en el proceso judicial.
La acción busca que las entidades responsables diseñen e implementen un plan integral de mitigación del riesgo por erosión fluvial, que incluya estudios técnicos, ambientales y geotécnicos, así como la ejecución de obras hidráulicas y de protección ribereña para salvaguardar a la población y al territorio.
La demanda fue interpuesta contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Cormagdalena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, el Tribunal ordenó vincular al proceso a varias entidades con posible responsabilidad en la solución estructural del problema, entre ellas el municipio de Salamina, el Departamento del Magdalena, el Instituto Nacional de Vías (Invías), los ministerios de Transporte y Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la sociedad Consultorías y Constru-Sion S.A.S.
Como parte de las actuaciones judiciales, el Tribunal programó una inspección judicial en el corregimiento de Guáimaro para el próximo martes 17 de marzo de 2026, con el fin de verificar en terreno la magnitud del riesgo y las condiciones actuales de la zona afectada.
