¿Y los mineros tradicionales? Una investigación que pone el foco donde pocos miran

La minería artesanal aún es el sustento de miles de familias en zonas rurales de Colombia. Se calcula que en el 2024 en Colombia había entre 200.000 y 400.000 mineros artesanales y que alrededor del 70 % del oro producido en el país proviene de esta actividad informal. Sin embargo, la falta de reconocimiento legal y la ausencia de políticas públicas efectivas han dejado a estos trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad.

Una investigación del Politécnico Grancolombiano, liderada por la docente de derecho Lina María Valencia, detalla las duras condiciones en las que trabajan los mineros: enfrentan la informalidad, carecen de protección social y están expuestos a riesgos constantes para su salud. Aunque en el país se han implementado algunas políticas para abordar la minería artesanal, su efectividad es inconsistente. Sin embargo, cabe aclarar que este problema no es exclusivo de Colombia, pues a nivel global también se observan los efectos de la minería artesanal sobre los derechos laborales.

Un trabajo riesgoso y sin garantías

Actualmente, el Ministerio de Minas y Energía estima que más el 63% de los mineros artesanales en Colombia trabajan sin contrato formal, lo que les impide acceder a seguridad social, pensión o servicios médicos. Además, menos del 5% de ellos está afiliado a riesgos laborales, lo que los deja desprotegidos frente a accidentes. La informalidad hace que estos trabajadores no puedan acceder a créditos, subsidios o beneficios del Estado, perpetuando un ciclo de explotación y precariedad.

Pero más allá de la falta de contratos y seguridad social, los mineros artesanales enfrentan riesgos que ponen en peligro su vida y estabilidad económica. Uno de los problemas más críticos es la exposición a materiales tóxicos como el mercurio, utilizado en la extracción de oro, que, sin la debida protección, su inhalación y el contacto prolongado pueden provocar graves enfermedades respiratorias y neurológicas.

La investigación detectó que gran parte de ellos trabaja en condiciones peligrosas por falta de capacitación y equipos de protección, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Sin regulación clara ni apoyo gubernamental, sin mínimas las posibilidades de que estas familias mejoren sus condiciones.

¿Qué se puede hacer?

Recientemente, la Corte Constitucional, en su Sentencia T-046 de 2024, se pronunció sobre la necesidad de supervisar y controlar las condiciones laborales en el sector minero. Este pronunciamiento busca garantizar la seguridad social, la salud y la protección de los derechos laborales de quienes trabajan en esta actividad económica. También señaló la importancia de fortalecer la vigilancia por parte de las autoridades, en especial del Ministerio de Trabajo.

Los investigadores del Politécnico Grancolombiano plantean soluciones para mejorar la calidad de vida de los mineros artesanales y garantizar su reconocimiento como parte de la fuerza laboral. Propone la creación de una normativa específica que les asegure protección social y laboral. También sugiere implementar programas de capacitación en salud y seguridad minera para reducir riesgos, promoviendo el uso de tecnologías más seguras y sostenibles.

Otra recomendación clave es facilitar el proceso de formalización de estos trabajadores a través de incentivos económicos y asesoría técnica, eliminando las barreras burocráticas que hoy dificultan su acceso a permisos y licencias. Por último, destacan la importancia de fortalecer el diálogo entre las comunidades mineras, el Estado y las organizaciones sociales para construir políticas públicas más inclusivas y que respondan a sus necesidades.

“Las políticas actuales están diseñadas para la gran minería, dejando de lado a quienes han trabajado la tierra por generaciones. Es necesario un enfoque más inclusivo que proteja sus derechos laborales y reconozca el valor social y cultural de esta actividad”, explica el equipo de investigación liderado por la docente Lina María Valencia.

Mientras no se tomen medidas urgentes, miles de mineros seguirán luchando por ser reconocidos y trabajar en condiciones laborales dignas. La minería artesanal en Colombia no es solo una actividad económica, es también una tradición profundamente arraigada que merece un lugar en la legislación y en las políticas públicas del país.