Santa Marta
En lo corrido del 2024 se han atendido tres desplazamientos en Santa Marta
Esta semana llegaron 38 familias desde el municipio de Pueblo Viejo en condición de desplazados
La Alta Consejería para la Paz, las entidades que conforman el Ministerio Público y la Unidad de Atención para las Víctimas realizaron el 20 de noviembre una reunión de evaluación del último desplazamiento masivo, concluyendo que la respuesta interinstitucional fue oportuna y garante de la atención para las víctimas.
Al tiempo, surgió una recomendación para que en el futuro mejoren las acciones de complementarias y la articulación por parte de la Gobernación del Magdalena, para que se eviten situaciones que obstruyan la función pública en la atención de las víctimas.Este trabajo se ha articulado con el Ministerio Público, la Unidad para las Víctimas, y el Distrito de Santa Marta, 38 familias víctimas de desplazamiento forzado, provenientes del municipio de Pueblo Viejo, recibieron atención humanitaria inmediata.
Las familias fueron cobijadas con medidas de alojamiento digno, alimentación, traslados urgentes, orientación jurídica, y primeros auxilios psicológicos.
Con este evento, son tres desplazamientos masivos atendidos por la entidad territorial, en lo corrido del 2024, el Distrito, a través de la Alta Consejería para la Paz y el Posconflicto, ha brindado asistencia inmediata en modalidad de: alojamiento, traslado urgente, alimentación, orientación jurídica y psicológica, a las víctimas de tres desplazamientos masivos:
-6 de mayo: 23 hogares provenientes del municipio de Aracataca.
-25 de agosto: 28 hogares provenientes del sur de Bolívar.
-13 de noviembre: 38 hogares provenientes del municipio de Pueblo Viejo.
Aunque se les ha brindado la atención prioritaria a estas familias desplazadas por el conflicto armado, existe preocupación por el riesgo de victimización en el departamento del Magdalena, por lo que se solicitó a la Defensoría del Pueblo evaluar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas que advierten amenazas para los derechos humanos derivadas de la presencia y disputa de actores al margen de la Ley.
