El RUI: La bomba social que Colombia todvía no ha querido mirar

Por : Zamir Fraija

Abogado y analista de asuntos públicos

Hay decisiones del Estado que se anuncian con grandes titulares y otras que avanzan silenciosamente hasta que comienzan a tocar la puerta de millones de hogares. El Registro Universal de Ingresos (RUI) pertenece a esta segunda categoría.

Mientras buena parte del debate nacional se concentra en las elecciones, las reformas, los impuestos, la seguridad y la permanente confrontación política, Colombia está entrando en una transformación profunda de su sistema de focalización social. Y lo más llamativo es que buena parte de la ciudadanía todavía no dimensiona lo que esto puede significar.

El país está transitando de un modelo de focalización basado principalmente en el Sisbén hacia un sistema que pretende utilizar información de diferentes fuentes para determinar la situación económica de toda la población.
El cambio puede ser necesario.
Puede ser conveniente.
Puede incluso ser justo.

Pero también puede generar una enorme tensión social si miles de colombianos descubren que su nueva clasificación económica no corresponde con la realidad que viven. Y por eso considero que debemos hablar del RUI antes de que sus consecuencias lleguen masivamente a los hogares colombianos.

¿Qué es realmente el RUI?

El Registro Universal de Ingresos fue creado por el artículo 70 de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Su propósito es mejorar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes y servicios de la oferta social del Estado.

Posteriormente, el Decreto 875 de 2024 reglamentó aspectos fundamentales de su implementación y estableció el proceso de transición hacia este nuevo modelo. Y aquí encontramos una diferencia fundamental frente al esquema tradicional.

El RUI busca construir una visión mucho más amplia de la capacidad económica de los ciudadanos, utilizando información proveniente de registros administrativos y otras fuentes disponibles para el Estado.

En otras palabras:  el Estado ya no quiere depender exclusivamente de lo que el ciudadano declara o de una encuesta socioeconómica. Quiere cruzar información. , Ingresos, Seguridad social, Información tributaria.
Registros administrativos, Información del hogar.

Y otros datos que permitan construir una clasificación económica más precisa.

Sobre el papel, parece lógico. Pero la realidad siempre es más compleja que una base de datos.

Los “colados”: un problema que sí existe

Hay que decir algo con absoluta claridad: los subsidios del Estado deben llegar a quienes realmente los necesitan.

Durante años Colombia ha tenido que enfrentar el problema de personas que aparecen como beneficiarias de programas sociales sin cumplir realmente las condiciones económicas para recibirlos.

Mientras alguien que no necesita un subsidio lo recibe, otra familia que vive en condiciones de pobreza puede quedar por fuera.

Eso es injusto. Y también significa que los recursos públicos están siendo utilizados de manera ineficiente.
Por eso, si el RUI permite identificar a quienes ingresaron indebidamente a los programas sociales, su implementación puede ser positiva.

No podemos defender los llamados “colados” solamente porque el Estado está haciendo una depuración.
Depurar es necesario. El problema comienza cuando, en ese proceso, también pueden terminar afectados ciudadanos que sí necesitan la protección estatal.

La otra cara de la moneda

En los últimos días muchos ciudadanos han comenzado a manifestar una situación que merece atención.
Personas que durante años aparecían clasificadas en categorías vulnerables del Sisbén ahora aparecen en categorías diferentes dentro del nuevo sistema.

Algunos ciudadanos hablan de pasar de A a D.

Para quien observa solamente una letra, podría parecer un simple cambio administrativo. Pero detrás de esa letra existe una persona, una familia, un adulto mayor, una madre cabeza de hogar, un ciudadano desempleado.

 Una familia que puede estar viviendo una situación económica completamente diferente a la que reflejan determinados registros administrativos.  Y ahí aparece la pregunta fundamental: ¿La nueva clasificación realmente refleja la realidad económica de esa persona?

Porque una base de datos puede ser técnicamente correcta y, al mismo tiempo, no representar adecuadamente la realidad actual de un hogar.

Una propiedad no siempre significa riqueza. Pensemos en un ejemplo sencillo, una persona puede aparecer vinculada a un inmueble, eso no necesariamente significa que tenga ingresos suficientes, puede tratarse de una vivienda familiar, puede ser un inmueble sin producir renta, puede existir copropiedad, puede haber deudas, puede tratarse de un bien que no puede venderse fácilmente, puede incluso existir una diferencia considerable entre tener un patrimonio y disponer de dinero para satisfacer las necesidades básicas.

Por eso, patrimonio e ingreso no son necesariamente la misma cosa. Y esta distinción será fundamental para que el RUI funcione correctamente.

El caso de nuestros adultos mayores

Hay un grupo de colombianos frente al cual debemos tener especial cuidado: nuestros adultos mayores.

Programas como Colombia Mayor existen para proteger precisamente a personas que enfrentan condiciones económicas difíciles durante la vejez,  para muchos de ellos, una transferencia estatal no representa un ingreso adicional,  representa la posibilidad de comprar alimentos, pagar transporte, adquirir medicamentos, ayudar a un familiar, o simplemente sobrevivir con un poco más de dignidad.

Por eso, cualquier cambio en los mecanismos de focalización debe hacerse con especial cuidado. No estamos hablando simplemente de cambiar una clasificación en una plataforma, estamos hablando de personas. Pero aquí debemos hacer una precisión jurídica no sería correcto afirmar que toda persona que pase de una categoría A a una D automáticamente pierde todos sus subsidios. Eso no es lo que establece la normativa.

El RUI es un instrumento de focalización.

Cada programa social conserva sus propios criterios de ingreso, permanencia y salida. Por tanto, habrá que revisar en cada caso concreto cuál es el efecto de la nueva clasificación sobre el beneficio específico que recibe el ciudadano.

Esta precisión es importante porque el debate debe darse con información y no con rumores, pero que no exista una pérdida automática de todos los beneficios tampoco significa que el asunto carezca de importancia. Por el contrario, si la clasificación económica cambia de manera significativa para grandes grupos de población, inevitablemente habrá consecuencias sobre la forma en que se focalizan los programas sociales.

El verdadero riesgo: equivocarnos de persona

El gran desafío del RUI no será solamente descubrir quién está recibiendo un subsidio sin necesitarlo, será también evitar que una persona que realmente necesita ayuda quede excluida por una información incorrecta, desactualizada o mal interpretada, porque los datos no son la realidad, son una representación de la realidad.

Una persona pudo haber tenido ingresos el año pasado y estar desempleada hoy, pudo realizar una actividad económica temporal, pudo vender un bien, puede figurar como propietaria de un inmueble que no genera ingresos, puede compartir una propiedad con varias personas, puede haber cambiado la composición de su hogar, puede tener obligaciones económicas que no aparecen reflejadas adecuadamente,  puede estar atravesando una situación de vulnerabilidad que ningún algoritmo alcanza a comprender completamente.
Por eso, el ciudadano necesita algo más que una clasificación.

Necesita la posibilidad de conocer, corregir y controvertir la información con la que el Estado tomó una decisión que puede afectar su acceso a un programa social.

La transparencia será fundamental

Aquí aparece uno de los grandes desafíos jurídicos.

El ciudadano debe poder preguntar: ¿Por qué aparezco clasificado así? ¿Qué información utilizó el Estado?
¿De dónde salió ese dato? ¿Qué ingreso me atribuyeron? ¿Qué programa puede verse afectado?
¿Cómo puedo corregir un error? ¿Ante qué entidad debo reclamar?

No podemos permitir que la transformación digital del Estado termine creando una especie de “caja negra social”, donde una persona recibe una clasificación sin entender cómo se produjo.

La tecnología debe servir al ciudadano, no convertir al ciudadano en un número dentro de una base de datos,
el RUI también puede ser una gran oportunidad

No todo debe verse desde el temor.

El RUI puede convertirse en una herramienta extraordinariamente importante para Colombia.

Puede ayudar a: reducir el fraude en los programas sociales; identificar beneficiarios que ya no cumplen las condiciones; evitar duplicidades; mejorar la asignación de los recursos públicos; detectar hogares que realmente necesitan ayuda; actualizar la información socioeconómica; y hacer más eficiente el gasto social.

En otras palabras: el RUI puede ayudar a que el Estado deje de repartir subsidios por aproximación y empiece a hacerlo con información más completa. Eso sería un avance. Pero solamente si la información es correcta.

La bomba social

Por eso he llamado a este proceso una “bomba social silenciosa”. No porque el RUI haya sido creado para perjudicar a los colombianos,  tampoco porque debamos defender a quienes fraudulentamente reciben subsidios.

La expresión tiene otro sentido.

Estamos frente a un cambio que puede producir simultáneamente dos fenómenos: Uno positivo: sacar de los programas a quienes no deberían estar allí.

Uno potencialmente negativo: sacar también a personas que sí necesitan protección, pero cuya situación económica no está siendo correctamente reflejada.

El primero es justicia. El segundo sería una nueva injusticia. Y ambos pueden ocurrir al mismo tiempo, el Estado debe depurar, pero también escuchar

Si una persona pierde un beneficio porque efectivamente mejoró su situación económica, debemos entenderlo.
El subsidio no es un derecho adquirido para toda la vida.

Los recursos públicos son limitados y deben priorizar a quienes realmente los necesitan. Pero si una persona es excluida debido a un dato equivocado, una información desactualizada o una interpretación que no corresponde con su realidad, el Estado tiene la obligación de corregir.

Y aquí aparece una palabra que considero fundamental: ESCUCHAR.
Escuchar al ciudadano.
Escuchar al adulto mayor.
Escuchar a la familia.
Escuchar a quien reclama.
Escuchar antes de excluir.

Porque detrás de cada registro hay una historia humana que no siempre puede ser explicada por una cifra.
La pregunta que Colombia debe hacerse.

El éxito del RUI no debería medirse simplemente por cuántos beneficiarios salen de los programas sociales.
Esa sería una conclusión demasiado fácil.

La verdadera pregunta debe ser:

¿Los recursos públicos están llegando a quienes realmente los necesitan? Si el RUI logra identificar a los “colados” y, simultáneamente, proteger a los verdaderamente vulnerables, habrá cumplido su propósito.
Pero si el país termina celebrando una reducción estadística de beneficiarios mientras miles de personas necesitadas quedan por fuera, entonces habremos confundido eficiencia administrativa con justicia social.

Colombia necesita abrir este debate

Lo preocupante es que una transformación de semejante magnitud todavía no ocupa el lugar que debería tener en la conversación pública. El cambio ya está ocurriendo. Y no se trata simplemente de cambiar una plataforma.
Estamos hablando de una nueva forma de identificar la situación económica de los ciudadanos y de orientar buena parte de la política social del Estado.

Por eso el debate debe salir de las oficinas técnicas y llegar a la calle.
A las juntas de acción comunal.
A los barrios.
A las asociaciones de adultos mayores.
A las familias.
A los concejos municipales.
A las asambleas departamentales.
Y, por supuesto, al Congreso de la República.

La ciudadanía tiene derecho a conocer qué está cambiando y cómo puede afectarla.
No se trata de defender a los “colados”

Quiero ser claro en este punto. No estoy defendiendo a quienes reciben indebidamente recursos públicos,
todo lo contrario, cada subsidio entregado a quien no lo necesita puede significar un subsidio que no llega a quien verdaderamente lo requiere.

Pero tampoco podemos aceptar que la lucha contra el fraude termine convirtiéndose en una lucha contra los pobres.  Depurar sí. Excluir injustamente, no. Modernizar sí. Deshumanizar, no.

El verdadero examen del RUI

El RUI puede ser una gran herramienta para hacer más justo el gasto social colombiano. Pero su éxito dependerá de algo mucho más importante que un algoritmo: la capacidad del Estado para reconocer cuándo sus datos no corresponden con la realidad.

Porque una reforma administrativa puede escribirse en una ley. Una reglamentación puede plasmarse en un decreto. Una clasificación puede aparecer en una pantalla, pero sus consecuencias se viven en la mesa de una familia.

Y cuando hablamos de subsidios hablamos de alimentación, salud, vivienda, educación y dignidad.
Por eso, antes de que la transición produzca una crisis social que después tengamos que apagar, es necesario abrir los ojos y hacer las preguntas correctas.

¿Quiénes están saliendo de los programas?
¿Por qué están saliendo?
¿Cuántos realmente no los necesitaban?
¿Cuántos sí los necesitaban?
¿Cuántos fueron clasificados incorrectamente?
Y, sobre todo:
¿Tiene el ciudadano una verdadera oportunidad de demostrar que el Estado se equivocó?

Ese será el verdadero examen del Registro Universal de Ingresos,  porque el objetivo de una política social no puede ser simplemente tener mejores estadísticas.

El objetivo debe ser tener un Estado más justo. Y un Estado justo no es aquel que solamente sabe clasificar.
Es aquel que sabe escuchar, corregir y proteger.