Sandra Suárez Pérez posesiona directoras de entidades del sector de la Inclusión Social y la Reconciliación
María Carolina Restrepo Cañavera es la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Jensy Johana Osorio Porras, de la Unidad para las víctimas.
La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, posesionó este miércoles a María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a Jensy Johana Osorio Porras como directora de la Unidad para las Víctimas.
“Tenemos una gran responsabilidad de liderazgo en estas instituciones. Me complace inmensamente tener estas coequiperas para trabajar por los colombianos y por el bienestar social de nuestros compatriotas. Queremos una patria con crecimiento económico, con desarrollo social y con mucho bienestar para todos”, dijo Suárez.
María Carolina Restrepo Cañavera es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene especializaciones en Administración de Empresas, Negociación y Gerencia, Finanzas Corporativas, Derecho Tributario y Negociación, Conciliación y Arbitraje, y formación en Fiscalidad Internacional.
Es socia fundadora de Restrepo Cañavera Legal and Business Hub, firma establecida en 2004, desde la cual ha desarrollado su ejercicio profesional en derecho internacional, societario y laboral, estructuración jurídica y financiera, negociación y consultoría empresarial.
Tiene experiencia en áreas estratégicas como reestructuración y transformación organizacional, derecho corporativo, finanzas, administración de empresas, negociación, gerencia, asuntos tributarios, resolución de controversias y consultoría empresarial.
Como directora general del ICBF, pondrá esta experiencia al servicio de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes del país y liderará un proceso de fortalecimiento y transformación de una de las instituciones fundamentales de la política social de Colombia.
Liderará un proceso de reestructuración, fortalecimiento y modernización institucional. Tiene el compromiso de consolidar una entidad más moderna, eficiente, transparente, técnicamente sólida y orientada a resultados, en la que la transformación institucional tenga un propósito esencial: fortalecer la capacidad del Estado para garantizar y proteger efectivamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Colombia.
