Senador Iván Cepeda denuncia al expresidente Iván Duque por presuntos delitos relacionados con la compra ilegal del software espía ‘Pegasus’

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, presentó ante la Comisión de Investigación y Acusación de la  Cámara de Representantes una denuncia en contra del expresidente Iván Duque. El congresista pidió que se investigue la legalidad de la compra del software espía ‘Pegasus’ y el posible desvío de fondos públicos durante su gobierno.

La denuncia se fundamenta en el informe de la Revista Raya, publicado el 28 de julio de 2024, que revela que el gobierno de Duque habría adquirido el software con fondos presuntamente provenientes  del narcotráfico, tras reuniones secretas en Israel en 2021. Esta grave acusación fue respaldada por el presidente Gustavo Petro en su alocución del 4 de septiembre de 2024, quien destacó reportes financieros israelíes que señalan actividades inusuales en instituciones financieras de ese país entre julio y agosto de 2021.

Estos informes coinciden con circunstancias altamente sensibles en Colombia, como señala la acción penal de Cepeda. Durante este periodo, el país atravesó un estallido social sin precedentes, con movilizaciones masivas entre el 28 de abril y el 20 de octubre de 2021, que resultaron en más de 100 personas con traumas oculares, 1,970 detenciones y 744 casos con imputaciones criminales, incluidos delitos de terrorismo. Además, antes de las campañas electorales de octubre de 2021, se consolidó una alianza entre Colombia e Israel, bajo el pretexto de combatir el terrorismo, tan solo quince días después del Paro Nacional.

Se debe recordar que, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, el senador Iván Cepeda denunció públicamente varios episodios de espionaje que evidenciaban la grave situación de abuso de poder y vulneración de derechos en el ámbito político, relacionados con operaciones de inteligencia ilegal por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que habrían declarado a él y a otros congresistas como “objetivos políticos” de acciones encubiertas. Además, el senador Cepeda reveló cómo se estaba gestando una operación de inteligencia ilegal y desprestigio en contra del entonces candidato presidencial Gustavo Petro y el Pacto Histórico, orquestado por agentes del Estado, miembros del partido Centro Democrático, empresas privadas de redes sociales y algunos periodistas de medios de comunicación. De otra parte, en el 2020, en el marco de los perfilamientos hechos por el Ejército Nacional, la Corte Suprema de Justicia le informó que su nombre aparecía en un archivo denominado “’casos especiales’ ‘trabajos especiales’”.

En este contexto, el movimiento Amnistía Internacional denunció en 2021 que ‘Pegasus’ fue utilizado para espiar a activistas, periodistas y figuras políticas a nivel mundial. Según una investigación basada en la filtración de 50,000 números de teléfono de posibles objetivos de vigilancia, este software facilitó violaciones masivas de derechos humanos en todo el mundo, afectando a jefes de Estado, activistas y periodistas. La investigación reveló que “este software es el arma preferida de gobiernos represivos para silenciar a la prensa, perseguir a activistas y reprimir la disidencia, poniendo en riesgo la vida de numerosas personas”.

Dada la gravedad de las denuncias y los elementos presentados contra el expresidente Iván Duque, el senador Iván Cepeda considera fundamental investigar si el exmandatario permitió el uso de este software para interceptar comunicaciones privadas en Colombia, sin los debidos controles legales. Además, la denuncia solicita verificar posibles abusos de autoridad, desviación de fondos y violaciones de derechos humanos, lo que podría implicar responsabilidad penal para el expresidente.

La presunta responsabilidad de Duque variará según su grado de implicación, ya que podría ser autor directo si se demuestra que ordenó su adquisición o uso; coautor si colaboró en la planificación y ejecución con funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); o autor mediato si usó su posición de poder para facilitar el delito a través de otros. También podría responder por omisión si no tomó las medidas necesarias para evitar el uso ilegal del software, lo que lo haría corresponsable del acto ilícito.