Los interrogantes que surgen del anuncio de Abelardo de la Espriella, para solucionar el problema de agua en Santa Marta
Por Donaldo Duica G
El Gobierno Nacional anunció una hoja de ruta para el agua de Santa Marta, con cerca de 786.000 millones de pesos y tres fases. Antes de celebrar, hay que preguntar cuándo se cumple cada compromiso, cuánto cuesta y quién decide. La primera fase busca reducir las pérdidas de agua, que según el diagnóstico citado superan el 60 %, hasta el 20 % en cuatro años. ¿En qué fecha exacta empieza ese plazo, y cuándo estarán listos los pozos, las redes y el Plan Maestro? ¿En qué fecha llegará a los hogares el servicio de 20 horas diarias? Sin fechas precisas, la meta queda en el papel.
#SantaMarta #Agua 2/2 La segunda fase propone una empresa regional de agua, y ahí está la pregunta de fondo: ¿qué figura jurídica tendrá? La Ley 142 de 1994 prevé empresas de servicios públicos constituidas como sociedades por acciones, que pueden ser oficiales, con capital totalmente público, o mixtas, con capital privado. La Ley 1454 de 2011 permite que dos o más entes territoriales se asocien para prestar servicios públicos conjuntamente. La Constitución exige que, para una región administrativa y de planificación, se asocien dos o más departamentos, así que pregunto sobre qué base legal se crearía una empresa regional que incluya a Santa Marta, Ciénaga y otros municipios (¿Departamentos de Magdalena y Atlántico?)
De la figura que se escoja dependen los socios y sus porcentajes, quién dirige la empresa y cómo se incorporan los municipios vecinos. ¿En qué fecha se decide? ESSMAR, empresa con personería jurídica y patrimonio propio, ¿qué papel tendrá en ese esquema: socia, operadora o sin relación? Si no superó las causas que motivaron su intervención, ¿qué plan de saneamiento financiero tendrá y quién lo financia? ¿Requiere autorización del Concejo Distrital para participar? Desde el río Magdalena, la tercera fase prevé llevar 5.000 litros por segundo a Santa Marta y a municipios vecinos.
Un exalcalde ha afirmado públicamente que existen diseños avanzados del proyecto. Antes de fijar cronogramas, conviene conocerlos: qué estudios y diseños existen, quién los elaboró y con qué recursos, en qué etapa se encuentran (factibilidad, diseño de ingeniería de detalle u otra), dónde reposan y cómo puede accederse a ellos. Si existen, ¿por qué el cronograma no los aprovecha? Además: ¿quién será el operador del sistema, la empresa regional, ESSMAR o un concesionario? ¿En qué fecha se actualiza la asociación público-privada, cuándo se define el punto de captación y cuándo terminan diseños y licencias? ¿En qué año llegará el agua a Santa Marta y en qué año a cada municipio vecino? Sobre el dinero, ¿a qué se destinan exactamente los 786.000 millones, y con qué desglose por año? ¿Con qué instrumento se transferirán a la empresa, y qué pasa si algún recurso no llega a tiempo? Tras el descarte de las plantas desalinizadoras, ¿qué pasa con el contrato CMA 001-2025 y con los compromisos ya adquiridos? ¿Cuánto costaría cancelarlo? Por último, la Ley 142 atribuye a los municipios y al Distrito la competencia sobre los servicios públicos.
¿Qué papel formal tendrá la Alcaldía en el diseño, la ejecución y la supervisión? Según la figura que se adopte, ¿cuántos puestos tendrá el Distrito en el órgano de dirección de la empresa? ¿Qué convenio marco firmarán la Nación, el Distrito, la Gobernación y los municipios vecinos, y en qué fecha? ¿Cómo se garantiza el respeto a la autonomía de Santa Marta? Se exige un cronograma público con fechas, hitos y responsables. Y es válido exigir respuesta sobre las denuncias por irregularidades en el manejo del agua y por la venta ilegal con carrotanques: cuál es su estado y cuándo se conocerán los resultados. Es bueno hacerle seguimiento a cada fecha que se anuncie. #SantaMarta
